Esclavitud en pleno siglo XXI


Etiquetas: esclavitud, siglo XXI, caso, Pollo, marroquíes, fiscal

14/08/2011 - P.V. / El Progreso (Lugo)

Hablar de delitos contra los derechos de los trabajadores en Lugo pasa irremediablemente por hablar de la operación Pollo, uno de los mayores escándalos de explotación laboral detectados en la provincia.

Las diligencias previas por este caso se iniciaron en el año 2008 y, tal y como se recoge en la memoria de la Fiscalía lucense, a finales de 2010 se contabilizaban un total de 24 imputados -seis de nacionalidad marroquí y 18 españoles- y 28 perjudicados, todos ellos de origen marroquí. Sin embargo, el fiscal presume que el número de afectados «va a ser mucho mayor, teniendo en cuenta que a estas diligencias se acumularon otras que se llevaban en uno de los juzgados de instrucción de Ponferrada».

Operación

Este caso de explotación laboral -que investiga el juzgado de instrucción número 3 de Lugo- salió a la luz después de que un marroquí detenido por un robo diera las claves para desmantelar un piso ‘patera’ en Armando Durán. A partir de ahí, los investigadores destaparon una extensa red que explotaba a trabajadores marroquíes en granjas de pollos de Lugo.

Los afectados eran captados en su país y pagaban hasta 15.000 euros para venir a España en busca de un futuro mejor. Sin embargo, una vez aquí se encontraban con que los empleos prometidos eran inexistentes, no tenían contratos ni nómina y eran obligados a vivir hacinados en pisos, de los que sólo salían para trabajar ocho o nueve horas diarias en las más precarias condiciones de seguridad e higiene. Los más afortunados cobraban un salario de 500 o 600 euros mensuales.

Carioca

En el capítulo de explotación laboral, la memoria de la Fiscalía lucense hace también referencia a otros dos casos investigados por el juzgado de instrucción número 2 de Mondoñedo, así como a la denominada operación Carioca, «una investigación compleja sobre una pluralidad de delitos presuntamente cometidos por diversas tramas, entre los que figuran delitos contra los derechos de los trabajadores», apunta.

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