Los antiguos potros de inseminación, diseminados por toda la zona rural gallega, no tienen un dueño claro. Así se desprende de las dos sentencias dadas a conocer este viernes por la Diputación de Lugo, en las que el juzgado de lo contencioso administrativo provincial dictamina que la Xunta no tiene por qué pagar impuesto de bienes inmuebles por estas casetas, utilizadas antiguamente para la inseminación, sobre todo, de vacas y caballos.

Según contó Antonio Gato, portavoz del PSOE en la Diputación, el problema se remonta hasta 1982, cuando la Xunta recibe del Gobierno central las transferencias de agricultura y ganadería. Teóricamente, dentro de esas competencias se encontraban las de esos potros de inseminación. "Los ayuntamientos así lo entendieron e incorporaron las casetas a sus respectivos padrones del impuesto de bienes inmuebles" (IBI), explicó el diputado. Como propietario figuraba la Xunta.

Pero cuando el Servizo Provincial de Recadación, dependiente de la Diputación y que gestiona el IBI de gran parte de los ayuntamientos de Lugo, le pasó el recibo a la Administración autonómica, ésta alegó que las casetas no eran suyas.

La Xunta recurrió las recaudaciones tributarias, la Diputación rechazó el requerimiento y, finalmente, el juzgado de lo contencioso administrativo de Lugo dictaminó que el Gobierno gallego tiene razón. El auto anula tanto la resolución de la Diputación como las liquidaciones giradas.

En la junta de gobierno de este viernes se vieron dos sentencias de este tipo, relativas a las liquidaciones del año 2006. Se refieren a treinta de estas viejas casetas, hoy inutilizadas y muchas de ellas invadidas por la maleza, pero con las que, como no se sabe quién es su propietario, no se puede hacer nada.