Prisión para siete de los 22 imputados en el fraude de los Ere

La juez Mercedes Alaya decretó este sábado prisión para cuatro personas acusadas en la última fase de la investigación sobre los ERE falsos, aunque dos de ellos pueden eludirla con fianza de 50.000 euros, con lo que se elevan a siete los encarcelados de los 22 imputados en varias provincias españolas.

Después de más de 24 horas encerrada en la sede de su juzgado, Alaya ha dictado a partir de las 15.30 horas auto de prisión contra los últimos cuatro acusados: Eduardo Pascual y María Vaqué, directivos de la aseguradora Vitalia con sede en Barcelona; Ismael Sierra, cuñado del mediador en los ERE Juan Lanzas —encarcelado el viernes— y Eduardo Leal del Real, administrador de dos empresas presuntamente utilizadas como pantalla para introducir en el mercado financiero las sobrecomisiones que cobraban.

Estos dos últimos podrán eludir la prisión tras el pago de una fianza de 50.000 euros, informaron a los periodistas fuentes del caso.

La mayor parte de los nuevos encarcelados se ratificaron en sus declaraciones ante la Guardia Civil y solo Eduardo Pascual hizo una amplia declaración y llegó a decirle a la juez: "Si usted piensa que esto es algo para coger dinero, dígame donde lo tengo yo. Pregunte a los sindicatos y a estos señores de Andalucía".

De los 22 detenidos por la Guardia Civil el miércoles, ocho pasaron a disposición judicial y la juez dejó a cuatro en libertad con cargos: María José Marcos, esposa de Antonio Albarracín, directivo de Vitalia encarcelado el viernes; José González Torrent, hijo del dueño de la aseguradora Uniter; Roser Masa, administradora de la aseguradora Fortia, y Gregorio Martínez, amigo del ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.

En cambio, decretó prisión contra Eduardo Pascual, coordinador de Vitalia; María Vaqué, directora general de dicha aseguradora; Ismael Sierra, cuñado del "conseguidor" Juan Lanzas y dueño de una empresa presuntamente utilizada para introducir las comisiones en el mercado financiero, y Eduardo Leal del Real, propietario de las empresa Atrado Mensajería y Estudios Agenciales, a las que Alaya imputa la misma función.

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