Wert cree que se ha ''sobrereaccionado'' contra el ''falso'' ataque a las lenguas cooficiales

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha afirmado hoy que es "falso" que el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) ataque las lenguas cooficiales y ha criticado que se haya "sobrereaccionado" en este asunto.

"Es falso de toda falsedad que la reforma ataque las lenguas cooficiales", ha declarado Wert, que ha insistido en que la Lomce lo que hace es "garantizar", tal y como dicta el Tribunal Constitucional (TC), que aquellos alumnos que quieran estudiar en castellano como lengua vehicular lo puedan hacer en toda España. "Nos hemos atenido escrupulosamente" a lo que dice el TC, ha asegurado Wert en el Foro de Madrid, un encuentro organizado por los populares y en el que ha sido presentado por la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

El ministro también ha afirmado que le parece "prematuro" que algunas comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña hayan anunciado que recurrirán a dicho tribunal si se aprueba la Lomce.

También ha criticado que se esté utilizando "un lenguaje bélico" al hablar de este tema, sobre el que se ha mostrado dispuesto a acordar una fórmula con un "único requisito": garantizar que, en concurrencia con el catalán, todos los alumnos puedan escoger el castellano como lengua vehicular en su enseñanza.

Wert ha insistido en la "prudencia" de la Lomce respecto a las lenguas cooficiales y ha resaltado que él habla en catalán "no solo en la intimidad", y es una persona que reconoce "la riqueza de la diversidad lingüística",

La Lomce establece que el Estado pagará la escolarización en centros privados de aquellos alumnos que no accedan a la enseñanza en castellano como lengua vehicular en centros concertados y públicos de sus CC AA, y luego se lo descontará en los presupuestos a las autonomías afectadas, pero Wert ha dicho que se trata solo de una medida "excepcional" y "temporal". Ha añadido que él no ha sido el que ha "generado" que haya padres que hayan recurrido ante la Generalitat y por vía judicial por no poder escolarizar en castellano a sus hijos en Cataluña.