El pleno del Congreso ha aprobado hoy, exclusivamente con la mayoría del PP, la reforma educativa, que ha sumado el rechazo generalizado de la oposición al considerarla privatizadora, adoctrinadora e invasora de competencias autonómicas, por ejemplo, en las lenguas cooficiales.
La reforma presentada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y aplaudida desde la bancada popular, ha salido adelante con 182 votos favorables, 137 en contra y dos abstenciones -Foro Asturias y UPN-.
Los partidos de la oposición que la han rechazado, excepto UPyD, han ratificado su compromiso de derogarla en cuanto cambie el Gobierno para elaborar una nueva que cuente con el máximo consenso.
Este ha sido el último paso por el Congreso del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) antes de ser enviado al Senado y, la que será la séptima reforma educativa de la democracia, entrará previsiblemente en vigor el próximo curso.
En el debate previo a las votaciones, Wert ha destacado la necesidad de cambiar el actual modelo educativo porque provoca una alta tasa de abandono escolar temprano y ocasiona al sistema que cada repetidor de la educación obligatoria incremente el coste en una media próxima a los 7.000 euros. Dado que el 40 % de los alumnos ha repetido al menos una vez a los 15 años, el coste global puede ascender a 24.000 millones de euros, ha explicado.
La oposición ha achacado que la Lomce se ha hecho sin "consenso", pero Wert ha comentado que no se debe a la "la falta de voluntad de diálogo" de su departamento y que espera que en el trámite del Senado "haya una disposición al diálogo más constructiva".
Frente a las críticas de las formaciones nacionalistas sobre el modelo lingüístico que fija la Lomce, Wert ha asegurado que esta norma es la primera que reconoce el modelo de "inmersión lingüística" y deja sentadas las condiciones de oferta escolar en castellano conforme al bloque constitucional.
En cuanto a las evaluaciones externas y homogéneas que introduce la reforma al final de cada etapa, ha dicho que no son "reválidas", sino pruebas orientadas a detectar las dificultades de aprendizaje precozmente y comprobar si se han adquirido las competencias necesarias para pasar de ciclo.
El ministro ha recordado el estudio reciente de la OCDE en que los adultos españoles se sitúan a la cola en comprensión lectora y matemáticas, y ha citado al subdirector de Educación de dicho organismo, Andras Schleicher, para concluir que se ha producido un "estancamiento" de la adquisición de competencias tras el avance de la universalización de la enseñanza básica.
El diputado socialista Mario Bedera ha replicado que el mismo experto aseguró en 2007 que las medidas de la Ley Orgánica de Educación (LOE), en vigor desde 2006, coinciden con las mejores del mundo.
El pleno ha votado también contra la mayor parte de las más de 700 enmiendas parciales presentadas a la Lomce, y ha ratificado el dictamen de la Comisión de Educación, donde se incorporaron las 42 introducidas por el PP y una treintena más pactadas.
Tras el debate, la oposición -con la presencia del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba- se ha reunido frente al Congreso con representantes de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública para hacerse una foto conjunta y ratificar su compromiso de derogar la Lomce.
La Lomce, según la oposición, nace "muerta", y tanto ERC como Amaiur han advertido de que no se aplicará en Cataluña ni el País Vasco. "Será un zombi que se arrastrará torpemente hasta que el PP pierda la mayoría absoluta", ha señalado el diputado de Compromís, Joan Baldoví.
Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, ha resaltado que su formación está en contra de la globalidad de la Lomce, pero se ha felicitado por que se hayan aceptado algunas enmiendas como la que establece que el castellano sea lengua vehicular de la enseñanza en todo el país o que los directores y profesores se consideren autoridad pública.
En la tribuna de invitados de la Cámara baja han estado representantes de la comunidad educativa, muchos de ellos vestidos con la camiseta verde a favor de la escuela pública, que también han exhibido los diputados de Izquierda Plural.
Después de todo, preguntado por si ha salido satisfecho del resultado de la votación, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha respondido a la prensa que sí.
Ha admitido, además, que la Generalitat de Cataluña tiene derecho a recurrir el proyecto legislativo ante el Tribunal Constitucional (TC), pero ha defendido la constitucionalidad de la reforma, como hizo el Consejo de Estado.
En declaraciones en los pasillos del Congreso poco después de la aprobación de la reforma educativa, Wert ha dicho que en un Estado de derecho cualquier grupo que considere que hay una violación constitucional "tiene todo el derecho a recurrir" ante el TC.
No obstante, ha añadido: "Nosotros estamos absolutamente convencidos de la constitucionalidad del proyecto y la prueba de ello es que no hubo ningún tipo de objeción a su constitucionalidad" ni en sus contenidos ni en el ámbito competencial, en el "minucioso" dictamen del Consejo de Estado.
