El Gobierno quiere condicionar las ayudas a los excarcelados a que se arrepientan de sus crímenes

El Gobierno estudia condicionar el pago de prestaciones asistenciales a las personas que sean excarceladas en virtud de la derogación de la Doctrina Parot al pago íntegro de las responsabilidades civiles que tengan pendientes y a que se arrepientan de sus crímenes.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha referido así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a las declaraciones hechas ayer por el ministro del Interior, que se comprometió a buscar una fórmula que impida que los presos que puedan ser excarcelados en cumplimiento de la derogación de la doctrina Parot cobren un subsidio estipulado por ley.

Ha explicado que se trata de "personas que salen de la cárcel y pueden no haberse arrepentido o no tener íntegramente satisfecha sus responsabilidades civiles" y que aspiran a prestaciones asistenciales, "que son subsidios que conceden la Administración del Estado y la Seguridad Social para completar sus necesidades". "Lo que estamos estudiando es, si la administración pública hace un esfuerzo de solidaridad en general con personas que se encuentran en una situación de necesidad económica, que a esas personas se les pueda también exigir también determinados compromisos, entre otros que tengan cubiertas su responsabilidades civiles y que se hayan arrepentido de sus crímenes", ha añadido. En ello trabajan grupos integrados por miembros del Ministerio de Justicia, Interior, Empleo y Presidencia.

Sobre el recurso interpuesto por la etarra Inés del Río para reclamar la indemnización de 30.000 euros que fijó para ella el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras anular la doctrina Parot, Sáenz de Santamaría ha dicho que la Audiencia Nacional bloqueó esta cantidad "porque según los datos de la Fiscalía Inés del Río aún debe al Estado, que ha pagado a las víctimas 253.000 euros que no han prescrito". "Y como debe al Estado lo que éste ha anticipado a las víctimas, el Estado retiene esa cantidad y se la computará en su caso como pago a la responsabilidad civil que aún tiene asumida", ha concluido.

En este sentido, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha incidido en que el pago de Inés del Río al Estado no ha prescrito, ya que lo hará a los 15 años. "No es que no se vaya a cumplir la sentencia de Estrasburgo, sino lo que se va a hacer es aplicar el (artículo) 1202 del Código Civil", ha dicho el ministro, que ha subrayado que a la etarra "no se le satisfará ninguna cantidad en efectivo", sino que la deuda que tiene con el Estado se le reducirá en los 30.000 euros estipulados por el TEDH.

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