La disponibilidad de los recursos en las administraciones públicas ha disminuido y continúa mermando. Es un dato. Es una realidad también en la mayoría de las economías privadas.
Ello exige readaptar los gastos a esta nueva realidad. Y esto con independencia de que no fuesen cuestionables por superfluos, innecesarios y no acordes a la demanda muchos gastos que se realizaron en tiempos de vacas gordas. La discusión, que debería ser negociación, será sobre qué y dónde se aplican los recortes. Lo que ya no tiene sentido es defender que se mantenga el nivel de gasto anterior a esta situación. La sospecha de que no se ha asumido la nueva realidad económica surge en más de una ocasión ante determinadas reclamaciones de continuidad o nuevas prestaciones. Sería irresponsable cerrarse al diálogo para la readaptación. Y negarla.

No es tiempo de acuerdos

El tiempo preelectoral en el que estamos hace imposible cualquier acuerdo sobre reforma del número de parlamentarios. Los líderes políticos, unos y otros, parten del convencimiento, no contrastado, de que se interpreta como debilidad cualquier acuerdo entre oposición y gobierno.
Temen que la rentabilidad de cualquier pacto y consenso sea siempre para quien ostenta el poder ejecutivo. La demanda, que no han oído ni unos ni otros, es la de unidad y acuerdo de
todos, pero la marcha política va por otro lado. Habrá que acostumbrarse a oír propuestas, disparando en múltiples direcciones, como la que ayer presentó el líder de los socialistas gallegos. No debería ser una cuestión de originalidades y sí de negociación, primero, sobre el número de parlamentarios y luego también asesores y demás canonjías en la Xunta, diputaciones y ayuntamientos. No es el tiempo del calendario partidario pero sí es el tiempo de ampliar el concepto y la práctica política.