La Justicia da la espalda a la familia Couso (otra vez)

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La Audiencia Nacional ha dado otra vez la espalda a la familia de José Couso, el cámara de televisión asesinado en 2003 en Irak.

Tras archivar en 2006 la causa abierta contra tres militares estadounidenses implicados en el ataque al Hotel Palestina que acabó con la vida del cámara, ahora la sala de lo penal ha revocado su procesamiento. Los responsables de la muerte de Couso no serán juzgados.

Estima que no existen "indicios suficientes" para continuar con la investigación. Con su decisión, pone punto y final a la causa abierta, al no caber la posibilidad de un nuevo recurso. Apelar al Tribunal Supremo, como en 2006, supone casi arrancar desde cero, pero la familia está dispuesta a seguir.

El hermano del cámara asesinado, Javier Couso, aseguró "vamos a llegar hasta instancias europeas" como el Tribunal de Estrasburgo, aunque matizó que "primero confiamos en la justicia española".Además, presentarán nuevas pruebas periciales y testigos "que demuestran que hubo intencionalidad" y que no hablaron hasta ahora "porque la gente tiene miedo".


Respaldo a la Fiscalía
La sección segunda de la sala de lo penal, presidida por el magistrado Fernando García Nicolás, ha respaldado en su auto la petición formulada por la Fiscalía, aunque no de forma unánime, ya que el voto particular del juez José Ricardo de Prada muestra su disconformidad con la decisión judicial

La adoptada este martes ha sido la postura defendida por el fiscal Jesús Alonso durante la vista celebrada en abril para resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra la decisión del juez Santiago Pedraz.

Pedraz consiguió reabrir el caso para procesar por asesinato a los tres militares estadounidenses en abril de 2007, después de que la Audiencia archivase la causa por primera vez, en 2006.

Un asesinato 'sin intención'
Según han informado por aquel entonces fuentes fiscales, Alonso ha explicado que la actitud del sargento Thomas Gibson y sus superiores, el teniente coronel Philip de Camp y el capitán Philip Wolford, no fue indiscriminada ni existió intencionalidad en su conducta. Por lo tanto, el asesinato de José Couso quedaría enmarcado en un "acto de guerra".

Este martes, durante la vista de apelación se ha discutido el recurso presentado por la propia Fiscalía contra el auto de procesamiento del juez de Instrucción, Santiago Pedraz.

En sus alegaciones, el representante del Ministerio Público ha utilizado los mismos argumentos. Insistió en que "no hubo intencionalidad por parte de los militares para acabar con la vida de Couso", y añadió que "no es un crimen de guerra ni un asesinato".

Ataque indiscriminado
Los abogados que ejercen la acusación se han mostrado en contra. En primer lugar habló el representante de los hermanos del cámara fallecido, Enrique Santiago, quien explicó que los argumentos del fiscal carecen "de ningún fundamento".

En su opinión, ha quedado acreditado que el proyectil que impactó en el hotel en el que se hospedaba el cámara y que acabó con su vida respondió a "un ataque indiscriminado con absoluto conocimiento de que se trataba de una hotel de periodistas protegido internacionalmente".

La familia del cámara fallecido ha asegurado que recurrirán esta decisión ante el Tribunal Supremo como ya hicieron la ultima vez que la Audiencia Nacional decretó el archivo de la causa. La batalla de la familia del cámara asesinado empieza de nuevo.

La familia no se rinde
En mayo de 2003, un mes después del ataque, la familia de Couso presentó una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra los "autores, cómplices y cooperadores necesarios" del fallecimiento del cámara, calificado como crimen de guerra. Su querella fue admitida a trámite el 17 de octubre de 2003, pese a la oposición de la Fiscalía.

Los allegados del cámara requirieron el interrogatorio de los tres soldados estadounidenses imputados por la muerte, el sargento Thomas Gibson; el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, responsable del Regimiento, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó la petición del juez Santiago Pedraz.

Entonces el propio Pedraz ordenó la busca y captura y detención internacional, a efectos de extradición, de los tres militares.

Y vuelta a empezar
Sin embargo, su decisión quedó sin efecto después de que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional acordara el 10 de marzo de 2006 archivar la causa al considerar que se trató de un "acto de guerra contra enemigo erróneamente identificado" y que España no era competente para juzgar a los militares norteamericanos.

Pero la familia Couso no se rindió y apeló al Tribunal Supremo, quien reactivó las órdenes internacionales de detención. Así mismo, estimó el recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional, obligando a reabrir la causa.

Ahora, el Supremo es de nuevo la única salida que le queda a la familia.

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