La Diputación de Lugo va a cancelar la venta de la ‘Residencia Miño’ por impago de los compradores. El ente provincial adjudicó en septiembre de 2007este inmueble, situado en a A Tolda, a la empresa Maexpa Grupo Inmobiliario, la única que concurrió a la puja convocada por la institución, por 962.000 euros.

El pleno de la Diputación ratificará la propuesta de resolución del contrato de venta del edificio. Según fuentes del organismo provincial, la cancelación obedece a que la firma adjudicataria no ha abonado hasta la fecha la cantidad adeudada por la adquisición del edificio a pesar de que se han superado «ampliamante» los plazos  estipulados en el contrato.

Las mismas fuentes indicaron que la Diputación Provincial reclamará la cantidad comprometida por la empresa como aval de la operación, aunque no precisaron el importe exacto de dicha garantía.

En virtud de esta decisión, la propiedad volverá a pasar a manos de la institución provincial, que, según las fuentes consultadas, estudiará si se queda con el complejo, valorando las posibilidades de uso de la propiedad, o bien si vuelve a sacarlo a la venta.

Edificio polémico
La ‘Residencia Miño’ es un complejo que ha estado envuelto en la polémica desde que lo compró la Diputación en 1984 por casi 577.000 euros (96 millones de la antiguas pesetas). 

Esta operación, realizada cuando el organismo estaba presidido por Francisco Cacharro Pardo, suscitó una gran controvesia porque uno de los copropietarios de inmueble era Manuel Rodríguez Granxeiro, diputado de Alianza Popular y miembro del equipo de gobierno provincial.

Aunque los grupos de la oposición —en aquel entonces PSOE y Coalición Galega— criticaron la compra al entender que vulneraba la ley y el caso llegó a los tribunales, la Justicia dictaminó  finalmente que la operación era válida.

La intención de la Diputación  era convertir el edificio en una residencia para la tercera edad, aunque este proyecto no llegó a ver la luz. No obstante, el inmueble funcionó ocasionalmente como residencia universitaria y llegó a a servir de alojamiento a deportistas, aunque en los años previos a su venta a Maexpa permaneció cerrado.

Ante la baja rentabilidad del complejo, el último ejecutivo liderado por Francisco Cacharro decidió deshacerse de él y lo sacó a subasta en julio de 2007. Tras producirse el relevo político en San Marcos, el nuevo gobierno provincial cerró el proceso de venta de la propiedad, que ahora ha decicido anular ante el impago de la firma adjudicataria. De ahí, que el futuro del edificio siga en el aire.