Cerco exterior a Touriño

Mientras Feijoo apenas le castiga, Citroën amaga con más despidos, Montilla presiona con la financiación e Ibarretxe no aclara la fecha electoral.

París, Barcelona y Vitoria. Christian Streiff, jefe mundial de PSA Peugeot-Citroën; José Montilla, president de la Generalitat, y Juan José Ibarretxe, lehendakari del Gobierno vasco. Al margen de la imprevisible y amortizada ministra Magdalena Álvarez, el empresario francés y los líderes catalán y euskaldún constituyen el eje fundamental de las preocupaciones externas de Touriño a apenas tres meses de las elecciones, en una coyuntura especialmente complicada que, sin embargo, no le está permitiendo a Feijoo desgastar directamente al presidente de la Xunta.

Los últimos plenos parlamentarios de este otoño han vuelto a poner de manifiesto la dificultad de los populares para erosionar con su propia acción al bipartito, incluso en el terreno económico. Sólo con su ofensiva contra los gastos de Touriño consiguió el PP un éxito relevante, el de impedir el viaje presidencial a Argentina de noviembre.

Las dificultades de los populares, que chocan de bruces con el sistema institucional construido por Fraga, no impiden que el actual gobierno acumule un desgaste en una coyuntura tan adversa. Aparentemente no supone una pérdida de los apoyos logrados en el 2005, sino una merma en la ganancia que esperaba Touriño. El bipartito rehusó a hacer el profundo cambio que prometían PSOE y BNG, así que su proyecto no se ha fortalecido lo suficiente.

Así la Xunta afronta el final de legislatura con la confianza de disponer de una elevada capacidad de arrastre en las zonas rurales y bajo el temor de la abstención en las áreas urbanas, toda una paradoja para la progresía gallega. En este contexto, la crisis de Citroën cobra una gran relevancia. Sin embargo, en los últimos días el panorama ha mejorado. La empresa ya había anunciado la reducción en enero de su producción en Vigo en una sexta parte, pero se temía que el recorte fuese finalmente del doble, lo que supondría pasar de 1.000 empleos menos en la fábrica a 2.000. Y el doble en la industria auxiliar.

Tras anunciar el Gobierno y la Xunta nuevas ayudas, parece que Citroën frena sus planes más drásticos, aunque sigue habiendo mucha incertidumbre, ya que su stock de coches sin vender es tan grande que no se sabe cómo va a producir más. Ahora empiezan unas larguísimas vacaciones de Navidad.

De Cataluña llega otra amenaza. En Galicia se cree que la financiación autonómica está aplazada, pero Montilla presiona por un acuerdo, para el que trabajan los socialistas en Barcelona y Madrid. Zapatero había prometido un pacto antes de fin de año, pero José Antonio Alonso ya ha advertido de que puede haber una nueva prórroga. A Touriño le interesa que este frente siga parado, porque para la Xunta constituye todo un triunfo seguir como hasta ahora.

E Ibarretxe no suelta prenda sobre la fecha electoral. En el entorno de Touriño creen que éste hablará con el lehendakari para intentar coordinar el calendario, pero difícilmente Ibarretxe le va a desvelar algo que no revela a los altos cargos del PNV. El PSOE quiere que las gallegas se celebren antes que las vascas, porque éstas pueden generar un escenario electoral que agite las aguas en los medios de Madrid, de gran penetración en Galicia. El plan socialista consiste en que las gallegas sean a primeros de marzo y las vascas a finales, aunque está en el aire.

La mala gestión de la polémica del despacho presidencial

En el entorno del presidente de la Xunta se reconoce la deficiente actuación en la polémica del despacho de Touriño, ya que admiten que, pese a no ser verdad, ahora mismo hay una parte significativa de la población que cree que se gastó en la remodelación la increíble cifra de tres millones de euros, dinero que en realidad se invirtió en la reforma del conjunto del área presidencial.

Los mitos del voto emigrante
En 2003, en un libro editado por el Ministerio del Interior, el entonces subdirector general de la Oficina del Censo Electoral, Alejandro Ramos Vadillo, pronosticó que ''puede que en el lapso de dos años se llegue a duplicar la cifra'' de emigrantes españoles con derecho al voto. En aquel momento estaban censados 1.051.281 electores en el extranjero. Ramos auguraba que con los cambios en materia de nacionalidad que acababan de hacerse, que permitían conseguir el pasaporte a muchos hijos de emigrantes que no le tenían, ''accederán a la nacionalidad  española alrededor de un millón de personas en el plazo de uno o dos años''. Sin embargo, más de cinco años después el último dato del censo electoral del exterior, del mes de octubre, es de 1.233.568 personas con derecho al voto residentes fuera de España.

Las previsiones de la Oficina del Censo Electoral del 2003 fallaron en más de 800.000 electores. De ahí que haya que tomar con muchísima cautela los pronósticos que se hacen ahora sobre la supuesta irrupción en el censo de 200.000 nietos de gallegos con la restrictiva normativa que acaba de aprobar el Gobierno, que deja fuera a los descendientes de quienes emigraron en los momentos de mayor intensidad del éxodo hacia América, antes de la Guerra Civil.

Sorprenden los cálculos apocalípticos de la Administración española, porque cuando de verdad se disparó el censo electoral emigrante, entre 1996 y 2000, se hurtó a la opinión pública del necesario debate democrático. Hasta entonces quien quería votar debía apuntarse en el censo. Después se implantó la inscripción automática a partir de los registros consulares, lo que introdujo en los listados a varios miles de personas ya fallecidas. En esos cuatro años el censo pasó de 526.065 a 930.068 pero nadie avisó a la opinión pública.

Con el voto emigrante la Administración juega al despiste. En la votación hay ''deficiencias serias'', como dijo Zapatero en su discurso de investidura del 2008, pero cuando llegan los resultados y gana el partido gobernante, nadie cuestiona el mensaje oficial de que ''los emigrantes votan al poder''. Pues ni en Italia, ni en Francia, ni en Portugal se da esa costumbre española de que en el exterior gane el partido en el poder.

En ese mismo libro del 2003, Guillermo Brugarolas, subdirector general de asuntos consulares del Ministerio de Exteriores, escribió dos páginas en contra de la reforma de la legislación, bajo el expresivo título de ''La utopía del voto en mesas electorales instaladas en el extranjero''. Los altos funcionarios de Exteriores no quieren complicaciones. Ni les importan los emigrantes ni las elecciones en Galicia. Tienen su discurso sobre lo difícil que es poner urnas, que hace suyo siempre el partido gobernante en Madrid, bien el PSOE, bien el PP.

Ahora Feijoo reclama el voto en urna. El PP promete lo que no hizo cuando gobernó. El PSOE no hace lo que prometió, instalar las urnas, lo que para Touriño constituía una cuestión de ''dignidade nacional''. Y el Bloque no ha sido capaz de obligar al PSOE a cumplir sus promesas. Una desgracia.

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