Tres funcionarios de la Capitanía Marítima de Burela denunciaron este miércoles el acoso laboral al que dicen verse sometidos en sus puestos de trabajo por su defensa del uso del gallego en este organismo. Brais Fernández, Carmen Ferreiro y Manuela Arias afirman sentirse "acosados, discriminados y excluidos" tras su intento de introducir el gallego en los documentos de esta administración, cuando "más del 90% de la población de Burela hace su vida en gallego y un porcentaje altísimo se dirige a la Capitanía en gallego". En contraposición, aseguran que se tramita en este idioma "el cero por ciento de los expedientes".

Estos trabajadores explican que desde que le comunicaron su deseo de cumplir la legislación vigente en lo referente al uso de las lenguas en las administraciones del Estado al capitán marítimo, Rafael Casanueva, y al coordinador de Seguridade Marítima e Inspección, José Ángel Iglesias, a mediados del pasado mes de noviembre, empezaron a tomar una serie de medidas "discriminatorias" hacia ellos. Así, Carmen Ferreiro y Manuela Arias fueron cambiadas de puestos de trabajo sin recibir ningún tipo de instrucciones ni nuevas funciones. Además, en uno de esos cambios, "fuimos metidas las dos enj un despacho sin teléfono y con un único ordenador sin conexión". Por su parte a Brais Fernández se le asignaron pautas distintas que a sus compañeros como inspector de seguridad marítima y se le pusieron "todo tipo de trabas para entorpecerme el trabajo".

Estas acciones "totalmente desmedidas" aseguran que "no son llevadas a cabo únicamente por una cuestión idiomática, sino por lo que entendemos que es pánico a que denunciemos ante instancias superiores más cosas, como el absentismo laboral, el alcoholismo en el trabajo, la aceptación de regalos, la desatención de funciones y un largo etcétera".

Solución
Los afectados afirman que pusieron la situación en conocimientos de Marina Mercante, del subdirector adjunto de Coordinación e Xestión Administrativa, "que vino a Burela para imponernos una salida al problema que nunca llegó", y de la Delegación del Gobierno. Sin embargo, la solución no llega, lo que les lleva a coger continuas bajas médicas, "que nuestros médicos no dudan en informar como trastornos de ansiedad provocados por la situación de acoso laboral". "Nadie nos hace el más mínimo caso", recalcan.

Al límite ya de sus fuerzas, decidieron hacer pública su situación y esperan "no tener que llegar más allá de esta rueda de prensa". El último de sus escritos fue enviado el pasado lunes a la Subdelegación del Gobierno para darle a conocer las acciones "que a mi entender son ilegales e irregulares", asegura Brais Fernández, entre las que se encuentra prácticas que ponen en peligro "vidas humanas".

Rafael Casanueva negó estas acusaciones y aseguró que la gente que trabaja en Capitanía "habla en el idioma que quiso de toda la vida".

Apoyos
El presidente de la Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, y los sindicatos CIG y CC.OO. comparecieron en la rueda de prensa para mostrar su apoyo a los trabajadores afectados. Callón destacó que "no hay libertad lingüística para poder hablar en gallego" y que casos como éste "nos dan fuerza para seguir en esta batalla".

María José Novoa, de CC.OO., dejó patentes todos los intentos de diálogo llevados a cabo para solucionar el conflicto y Xorxe Caldeiro, de la CIG, reconoció que este caso "no es aislado" y que situaciones así "se producen con más frecuencia de lo que se hace público, porque los trabajadores no denuncian".