La jueza instructora de la operación Pokemon, Pilar de Lara, ha dictado un auto en el que pide actualizar la información patrimonial de uno de los principales implicados, el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) Francisco Fernández Liñares, de su mujer y de sus dos hijos, al sospechar que el exedil lucense podría seguir «realizando pagos en efectivo sin la emisión de la preceptiva factura».
En el auto, con fecha de 9 de febrero, la jueza dispone que se libre oficio a la Confederación Española de Cajas de Ahorro (Ceca), a la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc).
|
Consiga AQUÍ la información completa |
