Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) anula el despido de un grupo de profesores que impartían cursos para la obtención del Celga, el certificado de lengua gallega, informó hoy el sindicato CIG-Ensino, autor de la demanda.
Se trata de la primera sentencia obtenida ante ese alto tribunal gallego, después de otras 28 favorables en otras instancias judiciales, indicó el citado sindicato en un comunicado, y señala que el coste de este conflicto, incluyendo cotizaciones y multas, "puede superar el millón de euros". Subraya que la sentencia es relativa al caso de unos doscientos profesores que impartían cursos de gallego para personas que aspiraban a conseguir el Celga.
La Secretaría Xeral de Política Lingüística de la Xunta "ni les hacía contrato, ni los daba de alta en la Seguridad Social", por lo que "no tenían derecho a baja por enfermedad o accidente laboral, ni derecho a vacaciones, ni a prestación por desempleo, ni tenían ese tiempo cotizado para la jubilación", según el sindicato.
"No tenían ningún derecho laboral reconocido en el Estatuto de los Trabajadores", apunta CIG, e indica que en marzo de 2013, junto al profesorado afectado, presentó una denuncia ante Inspección de Trabajo de A Coruña, que los dio de alta de oficio en la Seguridad Social por el tiempo trabajado con cuatro años de retroactividad, una decisión emulada en las otras provincias gallegas.
La Xunta despidió entonces al profesorado por lo que el sindicato presentó una serie de demandas de las que hasta ahora ha obtenido numerosas sentencias que obligan al Gobierno autonómico readmitir a los profesores en el puesto de trabajo y a pagarles los salarios de trámite por los cursos que les correspondían impartir en 2014.
La sentencia del TSXG muestra la "actuación totalmente inaceptable, represiva e ilegal de la Consellería de Educación", según el secretario de CIG-Ensino, Anxo Louzao. Añade que se trata de una colectivo de profesores que "estuvo explotado" y al que la Xunta "le negó sus derechos laborales", por lo que exhorta al nuevo conselleiro de Educación, Román Rodríguez, a que "cese la actitud vengativa y persecutoria contra este profesorado, asuma las resoluciones judiciales y, en consecuencia, readmita a este colectivo".
