UNA ABOGADA, un psicólogo , una trabajadora social, una pedagoga y una auxiliar administrativa. Estos cinco trabajadores municipales integran la plantilla de la Casa da Muller, un departamento puesto en marcha hace quince años por el Concello y que dice haber atendido en este tiempo a más de 2.200 mujeres. Sin embargo, su trabajo fue cuestionado por varias víctimas de violencia de género que aseguran no haber recibido la atención esperada por parte de un organismo que, en teoría, atiende todo tipo de problemáticas que afectan al género femenino.
La reacción de los trabajadores y del gobierno local, con el alcalde a la cabeza, ante las críticas fue tratar de justificarse indicando que las competencias sobre el tratamiento de la violencia de género no le corresponden a los ayuntamientos, una obviedad tan evidente como el hecho de que cualquier mujer que empieza a sufrir algún tipo de maltrato por parte de su pareja, seguro que lo primero que se le ocurre no es acudir a una comisaría a denunciarlo y prefiere buscar amparo en lugares como la citada casa donde el paso parezca menos brusco.
Pero el caso es que la falta de competencias no le ha impedido ni al Concello de Lugo ni a otros con capacidad económica ofrecer servicios a los ciudadanos que no les corresponden por ley, porque como así aseguran sus gobiernos locales y alcaldes, son la administración más cercana. Claro que cuando se trata de asumir críticas sobre el funcionamiento, la primera excusa es recordar que corresponde a otros prestar la atención y, la siguiente, que no tienen personal suficiente y que, además, el Gobierno central les limitó la creación de plazas.
Y ahora que estamos metidos ya en precampaña electoral, todos los partidos que concurren a las municipales presentan programas donde el empleo o los servicios sociales prometen ser asuntos prioritarios y algunos, como el PP, llegan a poner cifras de gasto anual para fomentar la creación de puestos de trabajo. Pues bien, ambas competencias corresponden a la administración autonómica y, de hecho, la reforma local puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy ha querido dejar claro que cualquier gasto o programa desarrollado desde el ámbito municipal en estas áreas debe contar con el permiso, en el caso de Galicia, de la Xunta.
Los alcaldes, entre ellos el de Lugo, no están de acuerdo con este modelo, porque resta autonomía a los ayuntamientos. Ahora bien, ¿es más eficiente un servicio prestado por una única administración o duplicado y a veces limitado por los choques competenciales? Seguramente lo mejor para el administrado es que no le confundan y, para evitarlo, los grandes partidos deberían llegar a un acuerdo para que el ciudadano tenga claro a qué organismo acudir para que le resuelvan cada problema. Este año, con tanta convocatoria electoral en la agenda, puede que no sea el mejor momento de resucitar el debate competencial, aunque una vez se conformen los nuevos gobiernos, la prioridad tendría que ser lograr un consenso en este asunto.
El uso de los recursos públicos por los partidos, otro asunto a regular
El futuro mandato tanto municipal como estatal también debe abrir otro debate que las fuerzas tradicionales no quieren tocar, pero que sí interesa al ciudadano, el uso de los recursos públicos por parte de los políticos. La financiación de los partidos, regulada por ley en el año 1987 y que se modificó en 2007, buscaba aportar transparencia a un sistema que los distintos casos judiciales han demostrado que tiene lagunas y que por eso precisaría de otra vuelta para garantizar la limpieza del proceso.
A nivel más doméstico, las instituciones locales también deberían de controlar cómo se usan recursos que se ponen a disposición de los grupos políticos, tanto en ayuntamientos como en diputaciones, donde a veces se nombran asesores o se hacen contrataciones de personal que, profesionalmente, nada tiene que ver con el cometido que se les asigna y que, pese a tener un sueldo público, están dedicados por entero a la labor de partido. Además, tampoco resulta lógico que los locales de los grupos políticos estén a disposición de la campaña de candidatos que todavía no han resultado elegidos. La mala praxis no solo también degrada las instituciones, sino la política en sí misma.
Publicado en la edición impresa el 14 de febrero de 2015
