La Xunta niega que el bloqueo de fondos investigados en la trama corrupta implique su pérdida

La directora general de Proyectos y Fondos Europeos de la Xunta, Ana María Cores González, ha dicho hoy en el Parlamento que la descertificación (bloqueo) de los fondos europeos a raíz de la presunta trama de fraude de subvenciones destapada por la Operación Zeta no implica su pérdida.

"Estamos ante una solución técnica que no implica pérdida de fondos", dijo Cores González, y explicó que se trata de "una solución de carácter técnico".

La diputada socialista Marisol Soneira preguntó a la directora general por la investigación abierta sobre este caso por las autoridades europeas y las iniciativas presentadas por el eurodiputado José Blanco al respecto.

La Comisión Europea, en una respuesta a José Blanco, dijo Soneira, manifiesta que está al corriente de la investigación judicial que un juzgado de A Coruña lleva a cabo en relación con el uso de fondos destinados a cursos de formación en Galicia.

La directora general dijo que la Administración gallega comunicó a las autoridades europeas que se había adoptado la decisión "de proceder preventivamente a la descertificación de esos gastos, atendiendo exclusivamente a un criterio garantista y de prudencia, y a expensas de lo que pueda resultar de la investigación judicial en curso".

Cores explicó que el importe descertificado asciende a 290.082,76 euros en términos de ayudas del Fondo Social Europeo (FSE), y concretó que supone un porcentaje del 0,11% del gasto certificado a 31 de diciembre de 2014 por la Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos en el marco del programa operativo FSE Regional, que asciende a 273 millones en términos de ayuda FEDER.

Asimismo, indicó que si el importe descertificado "preventivamente" se compara con la ayuda aprobada para el total del programa operativo -351 millones- el gasto descertificado supondría un 0,08%. "Las descertifaciones efectuadas en el programa operativo regional son residuales, tanto en cuantía como en porcentaje", señaló.

Concluyó apuntando que la descertificación efectuada desde la Dirección Xeral como medida ad cautelam, con independencia de que los gastos se refieran a cursos de formación o a otro tipo, "ni prejuzga la existencia de irregularidades ni implica la pérdida de fondos europeos". En este sentido, contó que el mecanismo de la descertificación en el ámbito de los fondos estructurales "permite sustituir el importe descertificado por otros gastos para poder optimizar la absorción de los fondos europeos asignados".

Por su parte, la diputada socialista Marisol Soneira argumentó, "como valoración política", que "no hablamos simplemente de una dación de cuentas de carácter administrativo, sino que esto puede tener consecuencias".

Dijo Soneira que el caso del presunto uso irregular de fondos en el marco de la Operación Zeta "no ha hecho más que empezar, porque el principal implicado está todos los días amenazando con decir muchísimas cosas". "No sé qué hay de cierto en ello, ni sé que cosas tiene en la bocamanga para que esté amenazando continuamente. Algún respeto se le tiene, porque hace acusaciones gravísimas y nadie sale a desmentirlas; acusaciones vinculadas a la financiación del primer partido de Galicia", afirmó Soneira.

Por otra parte, también ha comparecido esta mañana en la misma Comisión parlamentaria el secretario general para el Deporte de la Xunta, José Ramón Lete, en relación con las denuncias sobre el supuesto trato vejatorio padecido por unas jugadoras del club de fútbol sala Leis de Pontevedra por parte de su presidente.

Lete indicó a la diputada del BNG Carme Adán que el presidente del club se puso en contacto con él para informarle de que las fichas de las jugadoras "no estaban secuestradas" y que por tanto el club está dispuesto a facilitarles la carta de libertad para que puedan jugar en otro equipo.

El secretario general anunció también la conclusión en próximas fechas de un protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso y abuso sexual, y dijo que la adhesión al mismo será obligatoria por parte de las federaciones deportivas de Galicia para poder acceder a ayudas públicas.

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