La Xunta ha decidido echar abajo el concurso eólico desarrollado por el bipartito y el decreto que lo amparaba, y preparar una nueva ley que regule el aprovechamiento del viento en Galicia.

Sin embargo, ambas normas apenas difieren en los criterios de valoración para los proyectos que pretendan optar a una autorización eólica. Por el contrario, la principal novedad estriba en que el texto elimina la participación pública en los parques y la sustituye por un canon medioambiental.

Tres años de experiencia
La actual Consellería de Economía e Industria, encargada de elaborar el anteproyecto de ley, mantiene los mismos requisitos que establecía el texto elaborado por el departamento anterior, dirigido por el nacionalista Fernando Blanco.

Tanto el decreto como la nueva norma establecen que quien quiera optar a una autorización administrativa para poner en marcha un parque eólico deberá avalar su capacidad técnica con una experiencia de 3 años en la actividad energética, bien sea habiendo participado en actividades de producción de energía, bien sea habiendo ejercido como asistente técnico de una empresa relacionada con esa actividad.

También se admite que el proyecto cuente con un socio con experiencia en producción energética que posea al menos el 25% del capital. La única novedad en este apartado de requisitos es que el nuevo texto añade expresamente que la experiencia individual de los solicitantes en el campo de las energías renovables y/o en el sector eléctrico será valorada.

Por lo demás, se mantiene el requisito de demostrar la capacidad técnica probando que se poseen fondos propios por al menos el 20% de la inversión necesaria para el parque y se excluye como solicitantes a las uniones temporales
de empresas. En todo caso, inicialmente podrían optar a los parques los mismos que optaron con el bipartito.

Puntos 'similares'
Si los requisitos de acceso son calcados a los del decreto anterior, los criterios de valoración para los proyectos que entran en competencia son también similares. Tanto la propuesta del bipartito como la actual tienen en cuenta el nivel tecnológico de las instalaciones y las afecciones ambientales del proyecto, aunque si bien la nueva ley habla de las ''menores'' repercusiones, el decreto se refería a la "mejor relacion" entre éstas y la producción energética.

Ambos textos se refieren también a los proyectos económicos e industriales asociados. La Xunta actual habla de valorar el "compromiso firme y periodificado" con la iniciativa, mientras que el bipartito señalaba hacia su "alcance, viabilidad e interés social". La nueva norma también marca como criterio la "influencia en el desarrollo de la red eléctrica". Por su parte, el decreto que se va a derogar habla de la viabilidad de la interconexión y el grado de optimización de las infraestructuras eléctricas existentes.

Sin embargo, el anteproyecto de ley del Gobierno gallego no menciona la capacidad técnica y financiera para ejecutar el parque de la que sí hablaba el texto anterior, aunque a su vez añade a los criterios de valoración la presentación de un plan de restauración en fase de obra y desmantelamiento.

Adiós al 14% para la Xunta
Cierto es que el anteproyecto de ley todavía puede sufrir modificaciones y que las órdenes que convocarán el reparto de autorizaciones podrán ahondar en los criterios, pero por el momento el cambio de procedimiento iniciado por la Xunta no parece significar grandes cambios en los principios que rigen el reparto eólico.

Cuestión distinta será cómo se interpreten o se apliquen. Lo que sí ha cambiado es el modo elegido para que los beneficios derivados de la explotación del viento repercutan en la sociedad gallega. El bipartito optó por hacerlo a través de un sistema de participación pública en los nuevos parques eólicos. Según el reparto inicial de megawatios, que ahora será anulado, la Xunta iba a percibir de media alrededor del 14% de la producción bruta de cada polígono.

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico que preside Alberto Núñez Feijóo ha decidido, tras consultar a la asesoría xurídica, echar abajo esa fórmula, por considerarla ilegal. Entienden que vulnera el artículo 38 de la Constitución que proclama la libertad de empresa y que choca también con la Lei de Patrimonio gallega, dado que la participación de la Administración autonómica en el capital de una empresa no puede ser decidido en un decreto, sino que ha de ser acordado por el Consello da Xunta.

El argumento no ha sentado bien en el BNG, responsable de la Consellería de Innovación e Industria que promovió la puja eólica paralizada. Los nacionalistas, con el ex conselleiro Fernando Blanco a la cabeza, censuran que el equipo de Núñez Feijóo olvide que la Administración gallega ya participa en empresas de producción energética, incluida la eólica. Blanco también ha afirmado que el decreto establecía el mecanismo de participación respetando la Lei de Patrimonio.

Beneficios a través de un canon
Sea como sea, el Gobierno autonómico ha optado por una fórmula distinta de obtener beneficios y ha decidido incluir en su anteproyecto de ley la creación de un canon medioambiental que gravará el número de aerogeneradores y se destinará fundamentalmente a compensar a los ayuntamientos por el impacto producido por los parques instalados en su territorio.

Según cálculos hechos públicos por el presidente de la Xunta, el Ejecutivo espera recaudar 22 millones de euros anuales en cuanto entre en vigor el canon, cifra que aumentará hasta los 30 millones al año cuando estén en funcionamiento los nuevos parques y se alcancen los 6.500 MW que Galicia se ha fijado como meta para el 2015.

Desde algunos sectores consideran que las arcas autonómicas hacen "mal negocio". El presidente de Ventonoso, organización que agrupa a propietarios afectados por parques eólicos, cifra el beneficio anual que la Administración obtendría mediante la participación pública prevista en 73 millones de euros, sólo con los nuevos parques, mientras que el canon recaudará menos gravando todas las instalaciones, las ya establecidas y las futuras.