Las declaraciones de tres testigos en el marco de la operación Carioca no dejan de ofrecer más hilo para tirar del ovillo y, consecuentemente, nuevas líneas de investigación, a la jueza que instruye el caso. Así, a la presunta implicación de funcionarios públicos en la trama de los burdeles, investigados por dar chivatazos de redadas, realizar regularizaciones ilegales o hacer la vista gorda sobre lo que ocurría en estos locales, se suma la comisión de posibles hechos delictivos con las mujeres que se prostituían en los locales de alterne precintados. Al parecer, y según pudo saber este diario, una de las mujeres que declaró en la última semana como testigo aseguró que uno de los detenidos llegó a colgar del balcón a alguna de las prostitutas para forzarla a abortar. Muchas otras, que llegaron a hacer cola para declarar  ante los agentes, hablaron de frecuentes palizas, abortos y malos tratos.

En estos interrogatorios, la jueza María del Pilar de Lara Cifuentes también dirigió sus preguntas para determinar cuál es la clínica adonde los encarcelados presuntamente enviaban a las chicas para abortar. Además, las mujeres fueron preguntadas por sus experiencias o las de otras compañeras con el cabo de la Guardia Civil y el policía local encarcelados, A.L. y R.V.R., que comparten el módulo de FIES-4 (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) en la prisión de Monterroso. Asimismo, la jueza estaría investigando a un tercer agente, éste de la Policía Nacional, que trabaja en temas relacionados con prostitución y extranjería.

Así, la jueza estaría rastreando la presunta implicación en esta trama de más agentes, funcionarios y hasta un par de abogados. Las ramificaciones de la red podrían extenderse incluso a Madrid, ya que el propietario de uno de los clubes precintados se jactaba de tener contactos con agentes que trabajan en el departamento de Extranjería en el aeropuerto de Barajas para que permitiesen la entrada en el país de sus chicas.

Otra de las líneas de investigación se centra en la relación de la trama de los burdeles con fiestas privadas en las que presuntamente se establecían contactos para legalizar extranjeras. Al parecer, en las conversaciones telefónicas existen referencias concretas a estas fiestas y a la presencia en ellas de los encarcelados.

Disparos al techo dentro del Queens
Poco a poco se van conociendo detalles reveladores acerca de lo que presuntamente ocurría entre las paredes del Queens, el club de alterne de O Ceao clausurado en el arranque de la operación Carioca. Según pudo saber este diario, alguna de las jóvenes que trabajaba como prostituta en el club declaró que el 90% de las chicas carecían de papeles o tenían deuda, lo que las hacía más vulnerables a lo que los propietarios del club o sus clientes quisieran hacer con ellas.

Otra de las mujeres relató que en uno de sus primeros días de trabajo, mientras se cambiaba de ropa, escuchó tiros. Al salir a preguntar qué ocurría, le dijeron que no se preocupase, que era frecuente que el propietario llegase al club esgrimiendo un arma y que, tras dejarla encima de la barra, instase a gritos a las jóvenes a trabajar «para hacer dinero» o incluso disparase al aire.

Desconocidos violentan los precintos judiciales del Eros y Queens
Personas desconocidas violaron el sábado 14 de noviembre el precinto judicial en el Queens y el Eros, los dos clubes de alterne de la capital lucense cerrados por orden judicial desde el pasado 16 de octubre, cuando arrancó la primera fase de la operación Carioca. Junto a ellos, también fueron precintados La Colina, en Outeiro de Rei, y el Volvoreta, en Robra.

Así, a media tarde varias patrullas de la Policía Nacional se dirigieron a ambos burdeles para restaurar el precintado judicial y recoger pruebas que permitan determinar la identidad del autor o autores del desprecintado.

Balance
La operación Carioca, iniciada hace casi un mes para esclarecer la existencia de indicios de delito en clubes de alterne de la provincia, deja hasta ahora una treintena de detenidos, de los que 14 están en prisión y el resto, en libertad con cargos. Como consecuencia de las investigaciones, realizadas por miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con la colaboración de agentes de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, también han sido imputadas otras seis personas, mientras que otra quedó libre tras declarar.

Además de los propietarios de los clubes, entre los encarcelados se encuentra un inspector de la Policía Local y un cabo de la Guardia Civil, a los que se les imputa hasta siete delitos, además de un ex agente de la Benemérita ya jubilado y un empresario. Asimismo, entre los imputados figura un funcionario del Concello en excedencia. La investigación gira en torno a estos delitos: inducción a la prostitución, agresión sexual, inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores, contra la intimidad, drogas, cohecho, revelación de secretos e inducción al aborto.