Los Estatutos de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) no alcanzaron este miércoles la mayoría absoluta en la votación del Claustro, necesaria para ser aprobado. El proyecto estatutario recibíu 106 votos a favor y quedó a 34 de alcanzar la mayoría absoluta, que está fijada en 141. El Claustro está formado por 280 miembros, por lo que hubo 142 personas que no emitieron su voto. En el proyecto que no salió adelante se incluía la eliminación de los tres vicerrectorados adjuntos que existen en el campus de Lugo, lo que supondría que su representación en los órganos de gobierno de la institución universitaria quedaría limitada inicialmente al Vicerrectorado de Coordinación del Campus de Lugo.

La eliminación de los vicerrectorados adjuntos no se materializó porque el texto global no consiguió la mayoría absoluta, pero el punto había sido aprobado en la sesión del martes, donde se trató específicamente gracias a un voto personal de Francisco Fraga, decano de la facultad de Ciencias de Lugo, y miembro de la comisión estatutaria, que pidió que este punto se resolviera en el Claustro. Fraga mostró su preocupación por el resultado de la votación porque consideraba que era una pérdida significativa de peso del campus lugués en el conjunto de la universidad.

Así, el Claustro había acordado en este campo que, en cuanto a los vicerrectorados adjuntos, se había contemplado la figura de los adjuntos al Vicerrectorado de Coordinación del Campus de Lugo, lo que supondría que no podrían estar presentes en el Consejo de Gobierno o de Dirección.

El rector de la Universidad, Senén Barro, atribuyó a la "desmovilización" y a que "la gente entendió que estos estatutos no mejoraban los existentes" la falta de acuerdo. En lo tocante al caso del campus de Lugo, Barro se felicitó de que no se materializara esta medida, que su gobierno puso en marcha en su primer mandato y que "funcionó muy bien", por lo que se le dio continuidad.

Los partidarios de desmontar este sistema de vicerrectorados lo propusieron aduciendo que la LOU no recoge esa figura, pero Senén Barro considera que por "esa razón, no haría falta elaborar los estatutos, bastaría con copiar la ley".

Comenzar de nuevo
La falta de acuerdo para sacar adelante una noticia normativa de la USC supone volver a comenzar de nuevo el proceso, aunque habrá que determinar si se nombra una nueva comisión de redacción de las normas estatutarias o se continúa la que trabajó hasta ahora, presidida por la profesora Rosa Varela Puga.

Senén Barro señaló que en este proceso no hubo excesivo debate, lo que queda demostrado por el "el hecho excepcional de que en una única jornada se debatieran todas las propuestas de enmienda" y calificou el proceso de "impecable", en el que "no hubo ninguna tensión".

Barro señaló que la reforma de los estatutos, que se inició con motivo de adaptarlos a la LOU, no es una responsabilidad del gobierno de la universidad ni había ninguno de sus miembros en la comisión estatutaria. "El gobierno es ajeno a este proceso", matizó Barro, y manifestó pesar porque "la comisión no fue capaz de estimular el debate y tampoco la votación". Su gobierno sí tuvo gran parte de responsabilidad en los estatutos aún vigentes y que "se aprobaron por mayoría absoluta".

Otro de los puntos que se había aprobado en el debate de las enmiendas —un total de 133— fue la eliminación de la consideración de "real" de la denominación de la institución universitaria, que en los actuales estatutos tiene el nombre de Real Universidade de Santiago de Compostela. El profesor Juan Casares Long fue quien propuso eliminar el calificativo de real del nombre.

Economía
El Claustro de la USC se volverá a reunir el día 18 de este mes, con una convocatoria en la que, entre otros temas, se tratará la situación económica de la Universidade de Santiago. Senén Barro señaló a este respeto que "si no cambian las cosas, la situación pinta muy mal" para el año 2010, hasta el punto de que con las previsiones de financiación "es materialmente imposible cuadrar los gastos e ingresos", con lo que se abre la posibilidad de tener que prorrogar los actuales presupuestos.