La gasolinera del hipermercado Eroski de Sarria cerró ayer sus puertas cumpliendo así la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que declaró nula la licencia concedida por el Ayuntamiento por contravenir los usos previstos en la normativa urbanística y porque la construcción no se ajusta a las alineaciones del planeamiento.
En la jornada de ayer la estación de servicio ya permaneció cerrada al agotar las reservas de combustible y finalizar el plazo de quince días que le otorgó el Concello para el cese de actividad.
Para la retirada de la construcción, el establecimiento tenía también un plazo de quince días, aunque solicitó una prórroga que le fue concedida. Según informaron fuentes de la empresa, le han sido otorgados dos meses para la redacción del proyecto de derribo y descontaminación de las instalaciones. Una vez presentado este proyecto y concedida la licencia para ejecutar los trabajos, necesitará cuatro meses para proceder a su completo desmantelamiento.
La empresa confirmó ayer que reclamará una indemnización al Ayuntamiento sarriano por el cese de la actividad, compensación que podría rondar los nueve millones de euros, apuntaron. «Entendemos que es una actividad legal, pues si no no tendríamos la licencia municipal y autonómica. Éste no es un problema urbanístico, es un problema de competencia de mercado», manifestaron.
Asimismo, desde la empresa señalaron que están abiertos a la negociación con el Concello para llegar a un entendimiento. El gobierno municipal negociará con los propietarios de la gasolinera para evitar el pago de grandes cantidades, por lo que se baraja buscar una salida a través del Plan Xeral de Ordenación Municipal.
La licencia le fue concedida a la estación de servicio en el año 2005 y, contra este acuerdo, se presentó un recurso por parte de la asociación de empresarios del sector, a la que los tribunales dieron la razón. El fallo del juzgado contencioso-administrativo fue ratificado el pasado año por el TSXG. Los demandantes solicitaron la ejecución de la sentencia, que obligó al Ayuntamiento a ordenar el cese de la actividad y la retirada de las instalaciones.