La Diputación de Lugo acaba de retomar con la Xunta las conversaciones para avanzar en el proceso de transferencia de carreteras. El ente provincial quiere ceder la titularidad a la Administración autonómica de 93,96 kilómetros, correspondientes a 7 vías y reclama que se rebaje en 127 kilómetros (9 carreteras) las que pasarán a formar parte de su red viaria.
El primer contacto entre la Diputación y el Ejecutivo gallego se produjo el 27 de enero. En dicho encuentro, técnicos del área de infraestructuras y obras comunicaron a la directora xeral de Obras Públicas, Isabel Vila, que la Diputación está dispuesta a asumir 86 kilómetros de carreteras autonómicas y quiere ceder la titularidad de 235 kilómetros.
Este planteamiento difiere de la propuesta del anterior Gobierno bipartito, en el marco del Plan Director de Estradas de Galicia, que en septiembre de 2008 propuso a la Diputación la cesión de 212,92 kilómetros y asumir otros 141,64.

Diálogo

Aunque el responsable de infraestructuras y obras de la Diputación, Manuel Martínez, admite que las posturas son «bastante dispares», recalca que la entidad provincial «está aberta a colaborar» en busca de un acuerdo. No obstante, señala que su propuesta es «seria, responsable e con criterios obxectivos».
Desde el área de infraestructuras se argumenta que algunas carreteras deberían ser traspasadas a los ayuntamientos, debidamente reformadas, al tener carácter local y no provincial, como, por ejemplo, la de Becerreá a Balboa. En otros casos, se trata de viales interprovinciales que la Xunta se comprometió a asumir, al igual que la comunicación entre cabeceras de comarcas o núcleos importantes de población. El ente provincial rechaza otras carreteras, como la LU-150 Pozomouro-Espiñeira, por ser viales de alta intensidad de tráfico entre carreteras nacionales.
Por otro lado, se demanda que el Gobierno gallego asuma aquellas vías cuya titularidad se reparten por tramos ambas administraciones, como ocurre con la carretera de Triacastela a Sarria por Guilfrei, además de otros itinerarios que considera de «importancia primaria». Otro motivo de discrepancias es el estado en el que se asumirán los viales. Si el Ejecutivo gallego antes estaba dispuesto a traspasar los viales tras acondicionarlos, ahora propone entregar 60.000 euros por kilómetro para que lo arregle la propia Diputación, que no tendría inconveniente en este cambio de fórmula siempre que la financiación fuese la suficiente para realizar las mejoras que resulten necesarias.
Tras intercambiar impresiones sobre las propuestas de partida, en la reunión del pasado 27 de enero las dos partes acordaron que la Xunta remitirá una nueva propuesta, aunque non se concretó ningún plazo para hacerla efectiva.