El Gobierno balear ha comenzado una nueva etapa en minoría tras la ruptura del PSM con Unió Mallorquina al saltar los últimos escándalos de corrupción en esta formación que han llevado al presidente socialista, Francesc Antich, a expulsar a tres consejeros. Los nuevos miembros del Gobierno han tomado este lunes posesión de sus carteras.

Durante el acto, el presidente del Gobierno balear, Francesc Antich, ha descartado presentar una cuestión de confianza a su gestión en el Parlament balear, al tiempo que su ejecutivo aprobará el viernes una ley en favor de la transparencia y legalidad en la gestión de los entes públicos, y del dinero que gastan.

Antich desafía al PP
Tras la expulsión la pasada semana de Unió Mallorquina (UM) del Ejecutivo autonómico, los nuevos consellers han tomado posesión de sus cargos en el Consolat de Mar, sede del Ejecutivo, momento que Antich ha aprovechado para desafiar al PP a que si tiene una alternativa mayoritaria, plantee una moción de censura.

Antich ha solicitado a la oposición que realice su tradicional función de "control", pero que "deje trabajar" al Gobierno. "Por mí, no será", ha asegurado. En opinión del presidente, adelantar las elecciones autonómicas crearía "más desconfianza" en los distintos sectores sociales y económicos de Baleares y en la ciudadanía. Gobernar en minoría tras la expulsión de UM supondrá un "sobre esfuerzo de escuchar a todos", ha manifestado Antich, para quien solo el Govern tiene una mayoría parlamentaria estable.

Joana Barceló ha asumido su nuevo cargo de consellera de Turismo y seguirá como portavoz del Ejecutivo; Pere Aguiló, de Trabajo y Formación; y Gabriel Vicens, de Medio Ambiente y Movilidad. Vicens ha prometido cumplir con su nueva responsabilidad "sin renunciar al derecho a la autodeterminación de las Islas Baleares", como es habitual en los altos cargos del Bloc, formación nacionalista de izquierda.

Control del dinero público
Junto a esta remodelación, el Ejecutivo insular ha anunciado que negociará a partir del martes con UM y PP el proyecto de Ley del Sector Público, que está previsto que esté vigente en seis meses y cuya finalidad es garantizar la transparencia y legalidad en la gestión de los entes públicos de las islas, y del dinero que emplean.

El conseller de Presidencia y Juventud, Albert Moragues, ha informado este lunes de que el texto será aprobado el próximo viernes por el Consejo de Gobierno para iniciar su tramitación parlamentaria, al tiempo que ha mostrado su confianza en que UM lo apoye porque hasta hace unos días "estaba" de acuerdo y sería una "sorpresa desagradable" no disponer del respaldo del partido nacionalista o de los populares.

El Ejecutivo ha dado cuenta hoy de esta nueva iniciativa legislativa contra la corrupción, y ha recordado que el cien por cien de los presuntos casos de corrupción que se han conocido hasta ahora tienen como protagonistas a entes públicos, caso de Bitel, Turisme Jove, Palma Arena, Inestur o Imet. Después de la expulsión de UM del Ejecutivo la pasada semana por implicación de altos cargos del partido en el caso 'Inestur', el Ejecutivo pretende controlar el gasto de los entes públicos y la picaresca en la aplicación de la Ley de Contratos, además de fijar nuevas normas de control presupuestario y de deuda pública.

La portavoz del Ejecutivo, Joana Barceló, ha señalado que se ha aprovechado esta remodelación para reducir un 50% el número de sus altos cargos y asesores y el 20% de empresas públicas. De todos modos, el conseller de Economía y Hacienda, Carles Manera, ha puntualizado que no existe ninguna ley "perfecta" que evite que un ciudadano cometa un delito por cuanto es una decisión personal y voluntaria del infractor.