Un intento de motín, ocurrido el pasado jueves en la cárcel de Monterroso, vuelve a sacar a la palestra las condiciones de seguridad en las prisiones lucenses, sobre todo en lo que a la integridad de los funcionarios se refiere.

El incidente, que ya ha ocasionado críticas sindicales, se produjo cuando los funcionarios intentaron aislar a un recluso que les había insultado y amenazado. En ese momento, varios internos intervinieron con la intención de evitarlo, agrediendo a los vigilantes y jefes de servicio. Finalmente, "la profesionalidad de los funcionarios", según reconoce la dirección del centro, les permitió hacerse con el control de la situación, pero en la trifulca varios resultaron contusionados y alguno se encuentra de baja laboral. Tres reclusos fueron aislados por este suceso.

La Csif denunció las condiciones de trabajo de los funcionarios de prisiones de Lugo. Ambos centros, Monterroso y Bonxe, sufren en mayor o menor grado un progresivo proceso de masificación. En Monterroso, hay más de quinientos reclusos, a pesar de que las instalaciones fueron diseñadas en su momento para unos 340. En Bonxe, son unos cuatrocientos, cuando fue proyectada para unos 250.

Los delegados sindicales de la Csif en ambas prisiones, en las que es la central mayoritaria, lamentan que el incremento de la población penitenciaria no vaya acompañado de un aumento del número de funcionarios. En el caso de Monterroso, hay un vigilante por cada cuarenta internos y en el caso de Bonxe, el ratio se eleva a un vigilante por una media de cincuenta presos.

"En Monterroso, como en muchos otros centros, trabajamos un solo funcionario en cada departamento, con lo que en ocasiones, según la gravedad del hecho que se produzca y el peligro que corra nuestra integridad física, no tenemos más remedio que encerrarnos en nuestra oficina y esperar que acudan en nuestra ayuda otros funcionarios", explica José Luis (no facilita sus apellidos por seguridad), delegado sindical.

Las instalaciones, según denuncia la Csif, tampoco reúnen los requisitos de seguridad. En este sentido, en una nave destinada a taller ocupacional que acaba de abrirse en Monterroso, los funcionarios aseguran que se verían en problemas si se produce algún incidente grave. En este sentido, recuerdan que en los talleres se utilizan herramientas, entran y salen camiones y aseguran que muchos de los presos que trabajan en ellos no están en el final de su condena, sino que les faltan muchos años para cumplirla.

En opinión de Csif, el Gobierno, "además de la reeducación y reinserción de los internos, tiene la obligación de preservar la seguridad, tanto de los reclusos como de sus trabajadores".

Instituciones
Por su parte, el gabinete de prensa de Instituciones Penitenciarias restó el lunes importancia al intento de motín, explicando que "fue un incidente más de los que se producen todos los días en cualquier prisión, que son más o menos graves. No se puede hablar de motín, porque los internos en ningún caso se hicieron fuertes o con el control de las instalaciones, sino simplemente de un incidente". En este sentido, asegura que "hace ya muchos años que no se producen motines en las cárceles españolas".

En cuanto a la necesidad de incrementar el número de funcionarios, tal y como plantea la Csif, Instituciones Penitenciarias recuerda que todos los años se hace una oferta de empleo público, creando plazas en las cárceles españolas.

Este departamento gubernamental tampoco está de acuerdo con el ratio de funcionarios por número de presos al que se refiere el sindicato. "Hay que tener en cuenta el continuo movimiento de internos y que hay algunos asignados a prisiones pero que están en la calle con sistemas telemáticos de control, por lo que las cifras de la Csif no son correctas", aduce.

Por otra parte, la Administración mantiene que la vigilancia de los funcionarios no es permanente las 24 horas del día, ya que muchos reclusos pasan las mañanas en talleres ocupacionales o asistiendo a algún tipo de clase, donde son los distintos monitores los que se ocupan de ellos.