El juez Baltasar Garzón ha sostenido este miércoles en el Tribunal Supremo que al abrir una causa sobre las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo no se apartó de la ''finalidad legal'' de investigar los hechos, depurar las posibles responsabilidades y, especialmente, dar protección a las víctimas.
Así lo han informado fuentes próximas al magistrado de la Audiencia Nacional, que este miércoles ha declarado durante dos horas y media como imputado por un delito de prevaricación ante el instructor de la querella interpuesta contra él por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.
Garzón ha explicado al instructor Luciano Varela la historia del procedimiento y por qué decidió declararse competente, según estas fuentes, que han subrayado que el juez ha recordado que le sorprendió que en España, al contrario de lo que sucede en otros países europeos que han vivido circunstancias similares, no exista un censo oficial de víctimas de la represión franquista.
Archivo de la causa
Así, y a pesar de que el juez dirigió oficios solicitando información a varios organismos oficiales, la mayor parte de los datos sobre este extremo que obraban en la causa eran los aportados por las asociaciones de recuperación de la Memoria Histórica.
La defensa de Garzón estudia ahora la posibilidad de presentar un escrito pidiendo el archivo de la causa, ya que considera que tras la declaración de éste ha quedado suficientemente aclarado que no cometió prevaricación.
