El juez Baltasar Garzón sostiene que el nuevo "referente político" utilizado por ETA para sustituir a Batasuna, 'Bateragune', pretendía "engañar" a los agentes políticos y sociales soberanistas e independentistas del País Vasco mediante "treguas encubiertas" para reforzar a la banda terrorista.
Así se desprende del auto, de 55 folios, dictado este viernes por el juez de la Audiencia Nacional con el que ha ordenado el ingreso en prisión del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, del ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga, de la ex tesorera del PCTV-EHAK Sonia Jacinto; de Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta; y Arkaitz Rodríguez, juzgado en 2006 por ser miembro de los aparatos de captación e información de ETA y que fue absuelto.
Según Garzón, de la documentación intervenida a los arrestados y a los etarras Ekaitz Sirvent, Itziar Plaza, Asier Borrero, Iurgi Garitagoitia se desprende que durante el proceso de debate interno de ETA -desarrollado entre el verano de 2007 y la primavera de 2008, se concluyó que había que crear una "nueva referencia institucional y política" cuya estrategia fuera la "combinación criminal de votos y bombas".
"No se trata de iniciar una apuesta por las vías políticas institucionales y democráticas, abandonando la violencia terrorista, sino, sencillamente, de adaptar ésta a la evolución de esta peculiar 'apuesta política', en la que los obstáculos no son superados mediante los votos, sino mediante las bombas", asevera el juez.
Convergencia soberanista
Entre los agentes y partidos que 'Bateragune' tenía en su agenda, el juez enumera EA, Aralar, AB (Abertzaleen Batasuna) y el sindicato ELA, y destaca que en esta ocasión, ETA ha excluido al PNV.
De hecho, entre los objetivos de esta convergencia soberanista, figurarían "disputar y quitar al PNV tanto la hegemonía en el ámbito abertzale como el estatus de primer interlocutor con el Estado" o "tener bien estructuradas y fortalecidas las fuerzas soberanistas-independentistas de cara al proceso de negociación que tendrá que ponerse en marcha antes o después con el Estado".
La existencia y función del 'Bateragune' se constata en un documento manuscrito e intervenido a Otegi, al que el juez atribuye el papel de máximo responsable y como tal, era el encargado de "conseguir treguas encubiertas para Euskal Herria de acciones de ETA, en cumplimiento de las directivas de ésta".
El objetivo, señala el juez, era facilitar "los contactos y aproximaciones con formaciones o agentes políticos y sociales soberanistas o independentistas que se muestran contrarios a la violencia y que exijan su cese como requisito para continuar, si bien la actividad violenta continúa con el resto de España".
Sobre Díez Usabiaga, el magistrado le sitúa como autor de varias cartas guardadas en una memoria portátil intervenida en la sede de LAB, y en las que se leen frases como "tras el agerraldi (presentación pública) habrá que ver cómo podemos dotar de credibilidad la apuesta" o se alude a la necesidad de "ajustar la estrategia de la lucha armada al nivel de lucha que el pueblo requiere".
Garzón acusa a Otegi de intentar conseguir treguas encubiertas bajo las órdenes de ETA
