El Gobierno español ha recibido duras críticas en el seno de la ONU por el trato a las personas inmigrantes, y fue invitado a investigar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Aún así, y a la espera de la calificación final que llegará en septiembre con un informe de recomendaciones elaborado por Chile, India y Sudáfrica, el representante español ha salido "satisfecho" y ha anunciado una buena nota.

Durante más de tres horas, la sala XX del Palacio de Naciones, la de los derechos Humanos --donada por España y decorada por el artista Miquel Barceló-- fue escenario del Examen Periódico Universal, un mecanismo establecido en 2008 y por el que deben pasar todos los países. El secretario de Estado de Asuntos Constitucionales, José Luis de Francisco, que encabezaba la delegación española, presentó el informe español y destacó que "para el Gobierno, la promoción de los derechos humanos constituye uno de los ejes principales de actuación, tanto en el plano internacional como interno".

De Francisco desgranó la ratificación por España de numerosos tratados al respecto, además de hacer hincapié en la adopción de importantes leyes de carácter social en materia de igualdad, lucha contra la violencia de género, la ley de dependencia, la ley que permite el matrimonio de homosexuales o la introducción de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Por estas políticas sociales, el Ejecutivo de Zapatero recibió los elogios de los 'examinadores' en derechos humanos.

Estadística oficial sobre actos racistas
Sin embargo, en el polo opuesto, la delegación española tuvo que responder a numerosas cuestiones respecto al trato a los inmigrantes y a colectivos como los gitanos, y expuso que "el abanico de derechos y libertades de los extranjeros en España es casi como el de los españoles". Después, se sometió a las preguntas de los países, y al final, prometió que España estudiará la ratificación de la Convención de la ONU para los trabajadores migrantes --hasta ahora se había opuesto porque el documento no diferencia entre regulares e irregulares--, como le solicitaron más de una docena de países. España también se ha comprometido a publicar una estadística oficial sobre actos racistas.

Sobre el otro tema que ha quitado los colores al secretario de Estado de Asuntos Constitucionales, cinco países --Argentina, México, Colombia, Cuba y Perú-- han instado al Estado español a investigar los crímenes del franquismo y permitir que las familias recuperen sus restos. El tirón de orejas más fuerte lo dio el representante del país azteca, recomendando que "de conformidad con sus obligaciones internacionales, investigar, sancionar y reparar los delitos de desaparición forzada de personas, sin importar el tiempo en que haya iniciado su comisión, en atención al carácter continuo del delito".

Críticas al ''silencio hipócrita'' de los europeos
Las ONG de todo el mundo que elaboraron un informe de recomendaciones para esta ocasión incidieron en "la amenaza a la independencia judicial" que supone el proceso al juez Garzón y "la falta de voluntad política" para asumir la localización de las víctimas del franquismo.

Al hilo, el portavoz de Human Rights Watch, Reed Brody, ha destacado que fuesen los países latinos los que instasen a indagar sobre la dictadura y ha expresado su estupor ante "el silencio hipócrita" de los europeos ante el acoso al juez de la Audiencia Nacional. A su entender, "si en un país del tercer Mundo se persiguiera a un juez por haber querido investigar crímenes de lesa humanidad, no puedo imaginar que los europeos callaran".

El tono de las recomendaciones subió al llegar el turno del representante de Irán, que empleó la palabra "apartheid" para referirse a la situación de las niñas musulmanas que no pueden acudir a clase con el pañuelo. El próximo lunes se presentará en el Senado el llamado Mecanismo Español de Prevención de la Tortura. Entre 2002 y 2009, más de 250 policías y funcionarios de prisiones fueron condenados por este tipo de delitos, según el informe que España envió a la ONU el pasado febrero.