Las asociaciones de transportistas de Lugo expresaron ayer su preocupación ante la reciente circular de la Dirección General de Tráfico para valorar la productividad de los agentes, que otorga más puntos, por ejemplo, por una multa que por auxiliar a un conductor en la carretera. Además, dentro de las sanciones, la que más puntúan, con cuatro puntos, son las que afectan a los transportistas, mientras que las multas a automóviles representan dos puntos.

«Estamos muy preocupados», reconoce Carmen Castelao, presidenta de Tradime, «porque ya desde hace tiempo tienen a los transportistas en el punto de mira. Me parece normal que se nos controle, pero esto es ya atosigante». Una opinión que comparte Manuel Núñez, representante de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, que recuerda que la presión no es de ahora, «sino que nos siguen machacando desde hace tres o cuatro años. Y ahora, encima, lo que más puntúa será la multa a un camión. Estamos temblando».

El baremo para evaluar la labor de los agentes no es nuevo. Sin embargo, la DGT lo ha recuperado y actualizado en este momento en un intento de frenar la huelga de ‘bolis caídos’ que están llevando a cabo desde hace semanas muchos agentes ante los recortes salariales y la negativa del Gobierno a negociar una jornada laboral. Esta huelga ha hecho que las multas, una de las vías de financiación de la propia DGT, caigan entre un 50 y un 60 por ciento.

No obstante, tanto Castelao como Núñez dejan claro que los transportistas no han notado dicha huelga, y que están recibiendo sanciones como siempre. Por ese mismo motivo, tampoco han notado de momento que las multas vayan a más. Pese a todo, la preocupación es real y ambas organizaciones esperan tratar este asunto en profundidad en septiembre, una vez que pase el verano, para presentar las pertinentes protestas.

No será, desde luego, la primera vez que lo hagan. De hecho, la cuantía de las sanciones para transportistas, que en España se sitúan entre las más altas de Europa, ha sido siempre un caballo de batalla del sector. En este mismo momento, revela Carmen Castelao, la Confederación Española de Transporte de Mercancías, a la que pertenece Tradime, está negociando con la DGT el baremo sancionador para conseguir modificaciones a la baja.

«Es normal que si no llevas la tarjeta de transporte, o seguro, o te pases de carga, haya unas sanciones altas. Pero es que en estos momentos nos están metiendo mil o 2.000 euros por cualquier tontería. Y eso en un momento en el que el sector está económicamente asfixiado. Yo creo que finalmente se va a conseguir rebajar alguna de esas sanciones, no las más graves», señala Castelao.

PROBLEMAS

El parque móvil de Tráfico, en dificultades por los recortes presupuestarios

Los recortes presupuestarios que afectan a toda la estructura administrativa han llegado también a la DGT, que al recorte de presupuesto ha sumado el descenso de lo que recauda por multas. Estas dificultades son de tal calado que los responsables de los subsectores de Tráfico de Lugo se están encontrando con problemas incluso a la hora de reparar vehículos del parque móvil averiados.

Según confirmaron ayer a este diario varias fuentes, mientras que antes los responsables de Tráfico podían enviar a reparar los vehículos sin mayores problemas, y sólo se les demandaba presupuesto a partir de 1.500 euros, ahora se les exige a partir de los 400 euros. Además, si se estropean varios vehículos a la vez, no pueden enviarlos juntos a reparar, sino que deben hacerlo uno a uno. No obstante, las mismas fuentes descartaron que, por ahora, esto haya influido en el servicio prestado a los ciudadanos.

RECORTES

Cada subsector dispone de una caja pagadora, en la que trimestralmente la DGT ingresa el presupuesto correspondiente. Antes, si ese dinero se agotaba y era necesario más para reparaciones, no había problemas en obtener anticipos de caja fija. Pero desde el 28 de abril, ese presupuesto trimestral no sólo ha bajado, sino que la Dirección General de Tráfico ha ordenado a los responsables de cada subsector que no comprometan ni un euro más, advirtiéndoles que podrían incurrir en responsabilidades disciplinarias e incluso penales.