El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) ha multado con más de 121.000 euros a una promotora viguesa por cobrar sobreprecios en dos bloques de viviendas de protección autonómica en el barrio de San Paio de Navia, en la ciudad olívica. Además, la empresa deberá devolver 8.685,52 euros a cada uno de los siete denunciantes, al ser ésta la diferencia entre el precio facturado y el importe de la vivienda declarado ante la Xunta.

Tal como indica una cédula publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia, la empresa Promoción de Vivendas Fandiño e Suárez (Provifas SL) deberá afrontar el pago de una multa de 121.597,28 euros por una "infracción muy grave" tipificada en la Lei de Vivenda. Según el artículo al que se refiere el IGVS, la compañía multada percibió "sobreprecio, prima o cantidad en concepto de compraventa o arrendamiento" en un complejo de dos bloques de viviendas protegidas en San Paio de Navia, concluido en 2006.

La cédula del instituto dependiente de la Xunta está fechada a 6 de julio y también obliga a la promotora a reintegrar 60.798,64 euros a los siete vecinos que denunciaron haber pagado sobreprecios. Esta cifra es el resultado de multiplicar por siete la cantidad de 8.685,52 euros, que será la que reciba cada comprador.

Además, el IGVS declara la prescripción de otra supuesta infracción por ausencia de aval, denunciada por los compradores. Según detalla, esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe interponer un recurso potestativo de reposición --ante el conselleiro de Medio Ambiente-- o un recurso contencioso–administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En contraste, la Administración gallega no sanciona a Construcciones Conde ni a su administrador, José Manuel Conde, puesto que "no queda acreditada la existencia del principio de responsabilidad en la comisión de la infracción administrativa". Precisamente, el polígono de viviendas de San Paio de Navia ya fue escenario hace dos años de varias denuncias contra distintas promotoras por el mismo motivo, es decir, el cobro de sobreprecios. La Administración gallega llegó a sancionar a una de ellas, Vigolar, con una multa económica y una inhabilitación de seis años.

Consecuencias: No podrá edificar pisos protegidos durante seis años
Además de la multa económica, el Instituto Galego de Vivenda e Solo también ha decidido inhabilitar a la promotora Provifas durante un plazo de seis años para participar en promociones de viviendas de protección oficial o declaradas protegidas por la Administración gallega. La sanción se hace extensiva también a Antonio Fuentes, responsable solidario de la empresa.

La multa que la Xunta establece a la promotora (121.597 euros) es el doble de la cantidad que, supuestamente, la empresa cobró como sobreprecio a los siete vecinos. Cada uno pagó 8.685,5 euros por encima del precio oficial.