Última oportunidad para llegar a un acuerdo

Este miércoles sindicatos, empresarios y Gobiernos vuelven a reunirse en la misma mesa para intentar llegar un acuerdo sobre la reforma del mercado laboral. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, afirmó que esta reunión será ''la última'' con trabajadores y sindicatos, ya que el Gobierno tiene prevista para el día 16 de este mes la aprobación de la nueva normativa que regulará el mundo del empleo.

En el caso de no llegar a un acuerdo con sindicatos y patronal, el Gobierno empezará desde el jueves a negociar su propuesta de reforma laboral con los partidos políticos. Al respecto, Corbacho ha afirmado que ve ''difícil y complicado'' que haya pacto con la CEOE, CC.OO. y UGT.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, se ha mostrado menos pesimista y ha destacado que las partes han alcanzado ya "muchos acuerdos parciales", que se respetarán si el Gobierno decide finalmente aprobarla unilateralmente.

Entre las medidas que están causando puntos de fricción se encuantra la propuesta del Gobierno de generalizar los contratos de fomento del empleo estable, en los que la indemnización por despido es de 33 días frente a los 45 que se establece en el Estatuto de los Trabajadores. Se ha especulado que en las negociaciones los sindicatos han presionado para que esta generalización no fuese completa.

Modificaciones en la negociación colectiva
Otro de los puntos que se presenta difícil de asumir por los sindicatos serán las modificaciones que tendrán lugar en la negociación colectiva de los convenios. En un borrador, el Ejecutivo ha propuesto realizar cambios en la llamada 'cláusula de descuelgue' (o de inaplicación salarial), que permite a las empresas en dificultades económicas no cumplir con el aumento salarial establecido en el convenio colectivo.

De salir adelante la propuesta del Gobierno, se establecería un organismo externo a las empresas, posiblemente parte de la Administración, que irrumpiría en los procesos de negociación y decidiría sobre cuáles deben ser las condiciones salariales y laborales de la empresa cuando no se llegue a un acuerdo entre trabajadores y empresarios sobre la cláusula de inaplicación.

También la posible puesta en marcha del llamado 'modelo austríaco' ha generado críticas entre los representantes de los trabajadores. Esta medida establecería una especie de fondo individual para cada trabajador, que se nutrirá periódicamente con aportaciones empresariales, y que el trabajador podrá coger en caso de despido.

Además, se prevé que entre las propuestas del Gobierno se encuentren medidas que faliciten el despido procedente, así como la aparición del término 'flexiseguridad', el cual hace referencia a la apuesta del Ejecutivo por la movilidad geográfica del empleado.