DESDE ALGUNOS SECTORES—en la derecha del PP— se cuestiona o se siembra la duda sobre la decisión del Rey de proponer al líder socialista como candidato a la investidura. Es una irresponsabilidad sembrar la duda sobre una actuación impecable de Felipe VI. Esa acusación e insinuar la ingerencia de don Juan Carlos y su amistad con algún viejo líder socialista es la expresión de la incapacidad para asumir los propios errores y para saber perder. Rajoy fue a la segunda ronda en igual situación —sin apoyos— que en la primera en que declinó la propuesta.
Ninguna sanción. «Ninguna sanción por los escándalos de los partidos» es el título de un trabajo sobre cómo funciona el Tribunal de Cuentas que publica el semanario Ahora en el número de esta semana. El Tribunal de Cuentas, como el Consello de Contas, es un órgano fiscalizador para «controlar que los fondos públicos se gestionen de forma eficiente y de acuerdo con la legalidad». Son contrapesos esenciales al poder ejecutivo para que en la práctica funcione la democracia. Como es esencial la independencia del poder judicial. O como lo es la existencia de unos medios de comunicación que informen e investiguen libremente. Ningún gran escándalo de corrupción salió de la labor fiscalizadora del Tribunal de Cuentas ni de sus homólogos autonómicos. Tres ejemplos expresivos: Andalucía, Cataluña o Valencia. En ningún caso mostraron la menor sospecha sobre la corrupción enquistada que va descubriendo algún juez profesional de instrucción y primera instancia. En el Tribunal de Cuentas, como señala la información de Ahora, están doce consejeros, elegidos por el Congreso y el Senado, que acaparan el poder de este órgano fiscalizador. Los puestos se reparten en la proporción de representación parlamentaria. Son canongías. Es la politización partidista que penetra este y tantos otros órganos, incluido el Consejo del Poder Judicial.
