El ejercicio del derecho a votar, a decidir quién quiere el ciudadano que le gobierne, es la expresión real de la soberanía popular. No es ninguna fiesta. Es algo tan serio como la responsabilidad ciudadana y, aquí sí, como su derecho a decidir sobre la marcha de la sociedad a la que pertenece. El electorado de Galicia está llamado hoy a votar a sus representantes en el Parlamento Gallego, 35 años después de que por vez primera en la historia, y después de un largo tiempo de carencia de libertades, los gallegos pudiesen elegir diputados para un Parlamento propio, autonómico, y contar con un gobierno, la Xunta de Galicia. Sigue siendo, pues, algo históricamente extraordinario y que se ha demostrado positivo para el progreso y la dinamización social y económica del país. La transformación que experimenta Galicia en estos 35 últimos años no admite comparación con período de tiempo histórico anterior alguno. La incorporación a Europa, la autonomía que reconoce la singularidad de Galicia, y ello dentro y como consecuencia de la normalización democrática de España, permitieron desplegar las capacidades del país e impulsarlas de forma positiva para la calidad de vida de todos. Eran —democracia, autonomía y Europa— la condiciones para incorporarnos a la modernidad. Después de casi 40 años de vida democrática en paz, ciertas normas que acompañan a los procesos electorales piden un cambio, una liberalización y una equiparación a las formas de otros países de larga tradición democrática. Valgan como referencia las prohibiciones para la publicación de sondeos en la última semana de campaña, la imposición de silencio en la jornada de reflexión previa a la celebración de elecciones y a los medios de comunicación y a políticos y ciudadanos en general en la propia jornada electoral. En las reformas pendientes, han de incluirse estas.
