LOS ORGANISMOS de control, otra vez, permanecieron inoperativos ante la alarma producida entre los consumidores por la subida del precio de la luz, precisamente en los momentos de mayor necesidad de consumo por el duro frío invernal. La iniciativa de la Fiscalía del Tribunala Supremo de investigar el fuerte incremento del precio de la luz hay que saludarla, al menos, como una señal de salud democrática. Para que la Fiscalía se viese obligada a intervenir, quiere decir que muchas otras instancias administrativas han fallado. Otra vez. La posición del ministro de Energía habrá que escucharla y analizarla cuando se produzca su comparecencia en el Congreso. Los anunciado hasta ahora, que nada resuelve según los expertos, mereció ya la crítica de las empresas eléctricas por "intervencionsita". Para tal acusación, no parece el sector eléctrico el más indicado. ¿No será intervencionismo una tímida acción antioligopolio? No es el sector eléctrico español un modelo de libre competencia, de relación transparente y abierta con el consumidor. Tenemos la luz más cara de Europa, un 20% más que la media de la UE. Esta realidad resta capacidad de competir a las empresas. Las organizaciones patronales, como los sindicatos, parecen más interesadas en los fondos para cursos de formación que en denunciar estas desventajas empresariales. Esta realidad -un 20% más cara la luz que la media europea- no se corresponde con la capacidad adquisitiva de los salarios españoles frente a la media europea. El populismo político, en peligroso crecimiento, se alimenta también, o fundamentalmente, por las prácticas y las políticas económicas de quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Los beneficios de las eléctricas como las remuneraciones millonarias de algunos altos directivos alimentan el huracán del malestar. La electricidad o el gas son necesidades básicas de los ciudadanos.
