LA SENTENCIA del caso Nóos pone sobre la mesa un viejo debate: la proporcionalidad de la Justicia española. En el caso Nóos se aprecia la falta de precisión tanto del juez Castro como del fiscal Horrach, que han mantenido una rivalidad manifiesta y pública durante la instrucción del sumario. Las tres magistradas que redactaron la sentencia les ponen en su sitio, porque ambos quedan desautorizados. Y lo explico: el juez Castro sentó en el banquillo a la infanta Cristina, que ha sido absuelta con independencia de que se enfrente a una multa de 265.000 euros. De los 18 procesados por el desvío de 5 millones de euros de dinero público a sociedades de Iñaki Urdangarin y Diego Torres, 11 han sido absueltos, la mayoría de una supuesta trama valenciana que las juezas no ven. El fiscal Horrach, al que el tribunal le da la razón en lo relativo a la Infanta, queda desautorizado en la cantidad de las penas porque, por ejemplo, para Urdangarin pedía 19 años de cárcel y le han condenado a 6 años y 3 meses. Todo ello ha propiciado un juicio paralelo que por momentos parecía más un sumarísimo a la Corona que a personas vinculadas a la Casa Real. En consecuencia, esta es la primera lección que debemos sacar de la sentencia del caso Nóos, con independencia de lo que diga el Tribunal Supremo tras los recursos, que puede subir o rebajar penas.
Debemos recordar que el caso Nóos saltó hace 11 años, que han sido 5 años de instrucción, muchos meses de juicio, 73.000 folios de sumario y cerca de 400 testigos. Se ha hecho justicia con cargo al erario público, si bien da la impresión a la vista de los resultados se podría haber ahorrado tiempo y dinero. También debemos reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y los políticos en casos mediáticos como este o como el caso Gürtel, donde a veces se da prioridad a la cacería política antes que a la presunción de inocencia.
Finalmente pongamos el foco en nuestro Código Penal y, como decía, en el funcionamiento proporcional de la Justicia. Para Iñaki Urdangarin se pedían más de 19 años de cárcel, aunque finalmente han sido 6 años y 3 meses. El único condenado por el asesinato de Marta del Castillo cumple 21 años y 3 meses de cárcel, lo que nos lleva a preguntarnos si se puede equiparar un delito de asesinato con un delito de guante blanco por fraude, tráfico de influencias e infracción fiscal. Eso nos lleva a preguntarnos si hay casos ejemplarizantes que arrastran el entusiasmo de jueces y fiscales, como le ocurrió en su momento al exjuez Garzón. Un entusiasmo jaleado por los medios y algunos sectores políticos en función de intereses editoriales y partidistas. Sin ir más lejos, cabe preguntarse si fue o no excesivo meter en la cárcel a Isabel Pantoja cuando la familia Pujol sigue en libertad. En efecto, todo esto repercute en la confianza que los españoles tienen en la balanza judicial ciega y libre, aunque al mismo tiempo debemos reconocer que una infanta y un duque se han sentado en el banquillo con suerte desigual. Eso viene a corroborar que si bien la Justicia pretende ser igual para todos no siempre lo consigue. Aunque como diría aquel: al menos lo intenta.
