CON UN no desdeñable porcentaje de informaciones que circulan por la red conviene ser cauto por los recelos que generan de credibilidad, pero si el certificado bancario que se adjunta es real, un inmigrante marroquí residente en Vitoria percibe mensualmente, sin dar un palo al agua, 2.023 euros, 616 del Servicio Vasco de Empleo, y 1.407 del Ayuntamiento. Los cabreos no se hicieron esperar. ¿Habrá algún menesteroso originario agraciado con una bicoca parecida? ¿O cuántos trabajadores, bregando de sol a sol y pagando impuestos, alcanzan ese momio? Con estas consideraciones hay que tener mucho cuidado; los tocapelotas de turno están al acecho para verter acusaciones de racismo, como si ello justificase lo que, sin duda, es un insulto y un agravio comparativo, no tanto por lo que recibe el inmigrante sino por lo que no reciben ciudadanos de aquí en igual o peor situación de supervivencia. Y no es un caso aislado. Es muy frecuente que se confiera deferencia asistencial por parte de instituciones públicas a foráneos en detrimento de los nativos. Una casta en inferioridad de derechos en su propia casa por ser más papistas que el Papa.
