EL CARNÉ por puntos, que la DGT consideró en los últimos diez años su principal instrumento reductor de siniestralidad vial, será revisado para reconducir su eficacia, alicaída por el repunte del número de víctimas. O sea, más sanciones, más recaudación y más cursillos de reciclaje. Hay expertos (líbranos, señor, de los expertos) que coinciden en la conveniencia de pulir el sistema, pero no todos están de acuerdo, e incluso algunos niegan que haya sido la atenuante que se pregona. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos y una de las voces con mayor peso en este campo, entiende que la reducción se debe más que nada a la mejora de las carreteras y a los sistemas de seguridad de los coches, y no al "mal diseñado" carné por puntos. Es una opinión que puede o no ser compartida, pero lo que sí es evidente es que por detrás se promueve un suculento filón, que no solo beneficia a las arcas públicas, sino también al monopolio de autoescuelas investidas para impartir la reeducación, que en la mayoría de los casos solo es un mero formulismo por el que hay que pagar si se quiere recuperar el permiso.
