La persecución de la corrupción exige transparencia informativa para dar respuesta al derecho de los ciudadanos a la información y para que sea creíble la acción frente al delito y la propia separación de poderes. Garantizar el derecho a la información, también en la sociedad de las redes, implica no obstaculizar, y menos penalizar o sancionar el acceso a las fuentes. Estos principios democráticos ninguna relación guardan con el continuo filtraje de informes, o partes, que más que contribuir a la transparencia sobre la persecución de la corrupción generan dudas. La redacción de algunos de esos informes es una siembra de conjeturas y no de datos. Esto, con la oportunidad en el tiempo de algunos filtrajes, abre interrogantes sobre el interés de su publicidad: a quién son útiles y a quién buscan dañar.
Un banco en los titulares
El dicho de que la banca y el dinero son partidarios de la discreción, no se cumple con el Banco Popular. Es un torrente de noticia que no transmite seguridad ni a clientes ni a accionistas. La fuente es la propia entidad. El titular informativo con un nuevo cambio en directivos y consejeros —como el del secretario del consejo ayer— incide en lo mismo. El Popular, con la marca Pastor, tiene un peso importante en Galicia por número de oficinas y por clientes. Luis de Guindos, ministro de Economía, recordó ayer que incluso en una situación «terrorífica» —las últimas pruebas de resistencia a la banca española— el Banco Popular «pasó el examen». También descartó que se vaya a inyectar dinero público en este banco. El martes por la tarde terminó el plazo para que las entidades interesadas por el banco presentasen sus ofertas. Debería seguir un descenso del negativo perfil noticioso.
