EL ENFRENTAMIENTO entre la patronal del transporte de viajeros y la Xunta de Galicia desencadena la huelga que se inició este martes y paralizó incluso los servicios mínimos por la actuación de los piquetes. Hace tiempo que, si el imperio de lo políticamente correcto lo permite, habría que dejar de calificarlos como informativos. El conflicto arranca con fuerza. Se anuncia indefinido. Es un auténtico pulso. El desencuentro de fondo es económico, más que los puestos de trabajo. No debería olvidar nadie que es mala la experiencia histórica del desarrollo y final de este tipo de conflictos, que suman patronal, transportes, gobierno y sindicatos. Y no es necesario recurrir a los más sonoros y de peores consecuencias. ¿Estamos ante un"lockout", aunque los sindicatos abanderen al paro de actividad? La patronal está en su derecho a defender la rentabilidad económica de los servicios que presta, como la Xunta de Galicia está ante la responsabilidad y la obligación de administrar los recursos públicos de forma ejemplar y en beneficio de los ciudadanos. Y es al Gobierno gallego al que corresponde la responsabilidad de adecuar el transporte a la realidad poblacional del país. No parece cuestionable esta necesidad. Ciertamente debe hacerse en diálogo con las partes que puedan estar implicadas. Si estas, desde la racionalidad, se sientan a negociar, no deberían ser incompatibles hacer coincidir ambos objetivos, los de las empresas y los de la Xunta, que representan el interés general. El vicepresidente Alfonso Rueda reiteró este martes en Ourense la voluntad de negociaicón de la Xunta, de respetar los puestos de trabajo, que no debe ser, ni es, el mayor problema, y de encontrar salida a un conflicto que perjudica a los usuarios. Parece necesaria de nuevo una llamada al diálogo, a que las partes se sienten a la negociación, sin imposiciones previas.
