LA MANIFESTACIÓN de este lunes de las familias y víctimas del accidente del Alvia hace cuatro años en Santiago pudiera verse como una llamada más a la necesaria regeneración democrática. En cualquier país de nuestro entorno con tradición democrática, como se acostumbra a decir cuando interesa, ante un suceso así, al tiempo que se iniciasen los trámites judiciales se abriría, probablemente por orden del gobierno de turno, una investigación técnica e independiente sobre las causas del accidente. La manifestación dice que se quiso, y se acordó, echar tierra sobre aquella tragedia. Las razones que lleven al PSOE ahora a cambiar de posición es otro asunto, es otro ámbito de discusión o debate, frente a la gran cuestión de fondo: la pretensión de pasar página sobre 81 muertos y 140 heridos. Lo que ha sucedido aquí después del accidente, además de que se les falló a las víctimas, se incumplió con ellas más allá de las palabras, ofrece bastantes componentes tercermundistas o de país poco transparente. Fallamos todos. Si el accidente sigue llamando a la conciencia ciudadana frente al silencio y frente a la estrategia de que el tiempo todo lo olvida, se le debe al esfuerzo y a la constancia de las asociaciones y a la recepción que encontraron en Europa. La mayor desvergüenza, inmoralidad, fue la de pretender justificar el silencio por el supuesto daño a la imagen comercial de la alta velocidad española en el exterior. Confiemos en que no dejen curvas-trampa como la de A Grandeira por el mundo adelante. ¿Dónde radica la dificultad para entender la diferencia entre responsabilidades políticas y penales? ¿Dónde radica la dificultad para entender que una investigación independiente no la pueden realizar las partes implicadas en el suceso? El escepticismo justificado sobre qué pueda aportar una comisión parlamentaria no legitima la negativa a abrirla.
