ENTRAMOS en una semana, en un período de tiempo, de tensión máxima de altos riesgos. El recurso del Gobierno al artículo 155 de la Constitución lo provoca innegablemente, y de forma reiterada, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Cómo se ha llegado hasta aquí, causas y reparto de irresponsabilidades es tarea que, desde la responsabilidad ante este grave momento, solo debería plantearse en una situación normalizada: cuando la tensión se haya rebajado, cuando los riesgos extraordinarios para la convivencia en paz y libertad de todos se hayan desactivado. Sorprenden en algunos casos ciertas frivolidades y ciertas tomas de posición que se sitúan, en un planteamiento reduccionista que es la negación de la realidad, únicamente frente al Gobierno de Rajoy. No es de eso de lo que se trata en este conflicto concreto aunque lo repitan constantemente los portavoces de Podemos en una pretensión de descalificar al PSOE. No es ahora un problema de cambio de gobierno. En una observación que dé cabida a la racionalidad puede destacarse que no está cerrada la puerta para una convocatroia electoral en Cataluña como salida no traumática de esta situación. Tampoco están agotados los artículos de la Constitución ante un agravamiento de la situación. La declaración del presidente de la Generalitat ayer por la noche, menos incendiaria que la de la presidenta del Parlamento, no concretó los contenidos de esa sesión parlamentaria que anuncia para el análisis político de la situación. La cordura pediría que no se tense más la cuerda por parte del presidente catalán y que, consecuentemente, adopte la vía electoral como descomprensión de la situación. Como en toda esta cuestión, los escenarios peores son los que se dan, no caben grandes esperanzas de que se opte por abandonar la línea de cuanto peor, mejor, que se impuso hasta ahora, como si la derecha catalana fuese toda de la CUP.
